Isaías Márquez
Aun cuando la CRBV reza en su art 46 del Título III (Derechos Civiles) el respeto a la integridad física y moral y, en efecto, que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura a manos de una persona que actúa a título oficial infligiendo dolor, sufrimiento mental o físico grave a una persona con un fin específico”: información de ella o como castigo para infundir intimidación a una sociedad ignorante supina, se ha instituido, desde 1945 hasta ahora, como una tradición folclórica policial en Venezuela; tal es el caso de todo ciudadano manifestante que en ejercicio de sus derechos constitucionales se le detenga y utilice de chivo expiatorio bajo torturas brutales y prácticas inhumanas inconfesables, tales como palizas y descargas eléctricas en áreas muy sensibles del cuerpo, que en el peor de los casos culmina en ejecución extrajudicial –capitán de corbeta Acosta Arévalo (21/6/2019). El caso que se nos ofrece ahora, es el del estudiante de Sociología y Antropología (UCV) Johan Álvarez, quien sobrevivió afortunadamente, a los maltratos a que fuese sometido a manos de la PNB, durante su “detención preventiva” por una presunta vinculación con el grupo de unos seis sindicalistas a quienes el régimen chavista acusa de presunto “terrorismo y asociación para delinquir”.
Hoy por hoy, existe en Venezuela una complicidad entre los organismos policiales y judiciales para ocultar o desconocer las torturas y otros abusos que sufren las personas detenidas por algún organismo de seguridad, pues ya existe un patrón de desaparición forzosa y que a las víctimas se les somete a “torturas”.
Y, es así, cómo una misión de la ONU documenta fehacientemente, casos de tortura y violación de los DDHH en Venezuela, y “expresa su preocupación por la persistencia de casos de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra el crimen organizado. Asimismo, en su determinación de los hechos señala que se han intensificado los ataques sobre el espacio cívico y democrático, y pide que se monitoree a la nueva fuerza de seguridad –DAET- a fin de proteger los derechos humanos puesto que esta ha heredado los mismos métodos represivos de las Faes”.