Venezuela no puede reconstruir su futuro a oscuras. Sin embargo, mientras los apagones prolongados y reiterados provocan protestas en distintas regiones del país, la Asamblea Nacional decidió postergar la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, cuyo debate ya estaba anunciado.
La decisión resulta difícil de entender ante la dimensión de la crisis. Horas después de publicar el orden del día, la directiva parlamentaria modificó la agenda y eliminó el punto correspondiente a la reforma, sin que se anunciara una nueva fecha para su discusión.
No se trata de un asunto secundario ni de una disputa burocrática. La electricidad es indispensable para la salud, la educación, el trabajo, la producción y el funcionamiento de los servicios públicos. Su deterioro afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y limita las posibilidades de recuperación económica de Venezuela.
¿Cómo puede pensarse en reconstrucción nacional si millones de venezolanos siguen expuestos a interrupciones eléctricas que alteran sus vidas y paralizan sus actividades? Cada apagón tiene consecuencias que van mucho más allá de la falta de luz. Los hospitales deben garantizar la continuidad de sus operaciones; los comercios arriesgan mercancías y equipos; las industrias reducen su producción y las familias pierden horas de descanso y trabajo. Cuando también se interrumpe el bombeo de agua o fallan las telecomunicaciones, las dificultades se multiplican.
Para quienes padecen estas interrupciones de manera recurrente, la crisis eléctrica no es una abstracción técnica. Es una carga cotidiana que genera frustración, pérdidas económicas y agotamiento. Las protestas que se han registrado en el país expresan, además, el reclamo de una ciudadanía que necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones.
La secuencia de los acontecimientos hace aún más pertinente la pregunta sobre el futuro de la reforma. El 2 de junio, el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto en primera discusión. La propuesta pasaría a la Comisión Permanente de Administración y Servicios para continuar su trámite. Sin embargo, la segunda discusión que debía permitir avanzar en la iniciativa fue retirada del orden del día parlamentario.
La comparación entre ambos hechos plantea interrogantes legítimos. Si existe un reconocimiento de la necesidad de abrir el sector a nuevas inversiones, ¿por qué no se concreta el debate legislativo? ¿Qué obstáculos impiden avanzar y cuándo se retomará la discusión? La ciudadanía merece explicaciones claras sobre decisiones que afectan un servicio esencial.
Venezuela necesita inversiones cuantiosas, mantenimiento sostenido, modernización tecnológica, recuperación de instalaciones y personal capacitado. La magnitud de esas necesidades obliga a considerar mecanismos que permitan sumar recursos y conocimientos más allá de la capacidad del Estado.
La participación privada, mediante concesiones, empresas mixtas u otras modalidades transparentes, debe formar parte de la discusión sobre cómo recuperar el sistema. Se trata de reconocer que mantener el modelo existente sin resolver sus deficiencias no ofrece, por sí solo, una respuesta a la emergencia.
Una apertura responsable debe incluir seguridad jurídica, reglas estables, supervisión independiente, obligaciones de servicio, metas verificables y sanciones por incumplimiento. También debe proteger a los usuarios más vulnerables y establecer mecanismos para evitar que los costos de la recuperación recaigan desproporcionadamente sobre las familias.
Por eso, la discusión legislativa es tan importante. El país necesita conocer el alcance de la reforma, las condiciones para atraer inversiones, las prioridades de recuperación y los mecanismos que permitirán evaluar resultados. El debate parlamentario es precisamente el espacio para examinar esos asuntos, corregir deficiencias y ofrecer certezas.
La recuperación del sistema eléctrico no puede quedar relegada a una etapa posterior del desarrollo nacional. Es una condición para que ese desarrollo sea posible y para aliviar las penurias que enfrentan hoy los venezolanos.
La Asamblea Nacional debe retomar la discusión, explicar las razones del aplazamiento y establecer una ruta clara para avanzar hacia una reforma viable. Venezuela necesita decisiones que respondan a la magnitud de su crisis. Porque la electricidad no es un lujo ni una promesa para el futuro. Es una perentoria necesidad del presente y una condición indispensable para construir ese futuro. Un país que lleva años padeciendo las consecuencias de un servicio deteriorado no puede permitirse que su recuperación siga esperando.
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