Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos de petróleo, pero Pdvsa no cuenta con los recursos financieros, la tecnología y el capital humano que se requiere para extraerlos y rentabilizarlos.
Para la visión nacionalista y estatista, la soberanía nacional descansa en la propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades de exploración, extracción, comercialización, refinación y conexas. Es una visión centralista y controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una Pdvsa en ruinas y un Estado sin suficientes ingresos, ese modelo es inviable.
En el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni mayoritario, se limita a promover la inversión privada en la explotación de los yacimientos para recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y otros impuestos que pagan las corporaciones petroleras. El gran incentivo al inversionista es minimizar el cobro de la regalía estatal por la explotación de un recurso natural no renovable.
Privatizar o no privatizar es un falso dilema. En ninguna de esas visiones extremas está la alternativa para reconstruir la industria petrolera. El conflicto entre propiedad estatal absoluta y privatización total desaprovecha un amplio abanico de alternativas en las que pueden coexistir compañías estatales, corporaciones transnacionales y empresas mixtas en las actividades estratégicas, medulares o conexas de la industria. El interés nacional debe explorar nuevas oportunidades en esta amplia gama de modelos de negocios e inversión que, lejos de ser excluyentes, son complementarios entre sí.
Para generar más ingresos fiscales y en divisas, Venezuela necesita más inversión privada en la industria petrolera. La sociedad venezolana no se beneficia de empresas mixtas donde la mayoría accionaria del 51 % pertenece a un Estado que no tiene recursos para cubrir el aporte de capital que le corresponde. Ante estas restricciones presupuestarias tan severas, rentabilizar las riquezas del subsuelo exige una nueva forma de ejercer la soberanía nacional sobre las riquezas del país.
Si la soberanía reside en la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, el Estado debe hacer uso de su facultad para negociar con los socios privados el aprovechamiento racional de estos recursos en función de generar un creciente bienestar a los venezolanos. El actual ciclo electoral puede ser de gran utilidad para comenzar a debatir sobre un nuevo acuerdo nacional en materia petrolera. Al margen de las altisonancias propias de la diatriba electoral, es necesario elevar el nivel del debate y evaluar con mesura y ponderación los pros y contras, las ventajas y desventajas del modelo de propiedad estatal versus el modelo de propiedad privada, así como las alternativas de negocio e inversión que surgen entre estos extremos.
De cara al interés nacional, se impone analizar -sin tabúes ni prejuicios- la viabilidad y conveniencia de una reforma del marco legal y regulatorio que abra paso a un nuevo modelo de negocios en la industria petrolera. Esta reforma es necesaria para llegar a acuerdos con los inversionistas que si tienen los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano que Venezuela necesita para rentabilizar unas cuantiosas reservas petroleras que, de lo contrario, se quedarán depositadas para siempre en el subsuelo y no aportarán los ingresos que urgen para mejorar las precarias condiciones de vida en la mayoría de los hogares venezolanos.
Los precandidatos a la Presidencia de la República deben hablarle claro al país y presentar sus propuestas de política petrolera: ¿Cómo entienden la soberanía nacional sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria petrolera? ¿Cuáles son las actividades de la cadena productiva que deben quedar reservadas al Estado? ¿Cuál es el papel que le corresponde jugar a la inversión privada en el desarrollo de las actividades estratégicas, medulares y conexas de la industria? ¿Cuál es el límite de la propiedad pública y hasta dónde debe y puede llegar la inversión privada?
Tienen la palabra, señoras precandidatas y señores precandidatos.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/52ez6