Santiago de Chile, 27 sep (EFE).- La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó este lunes las primeras diligencias en el marco de la causa abierta por la quema de pertenencias de migrantes venezolanos acampados en la localidad norteña de Iquique.
Los agentes levantaron un catastro de las personas afectadas, descartaron que hubiera heridos e hicieron una evaluación de los objetos quemados tras una violenta marcha celebrada el sábado contra la migración ilegal.
«Se solicitó también como diligencia que recabaran los videos de seguridad de las cámaras municipales que pudieran haber captado este hecho», indicó en declaraciones a periodistas la fiscal Jócelyn Pacheco.
Casi 5.000 personas salieron a las calles de Iquique en medio de la creciente crisis migratoria que sufre Chile y quemaron carpas, ropa y carritos de bebé, entre otros objetos.
Los hechos, que han conmocionado al país, despertaron encendidas críticas del relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Amnistía Internacional.
La manifestación, en la que se escucharon gritos xenófobos y se vieron muchas banderas chilenas, ocurrió luego de que el viernes la Policía desalojara una plaza donde acampaban familias con niños también en Iquique, la primera gran urbe que los migrantes encuentran a su llegada desde Bolivia.
El paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extremas y donde ya han muerto al menos 12 personas en lo que va de año, se ha convertido en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
Ni la pandemia ni la crisis social que se extendió durante más de un año en 2019 han alejado el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según la PDI, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % que en todo 2020.
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En Chile, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Con el objetivo de frenar la entrada ilegal, el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, promulgó en abril una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
La norma permite además al Gobierno deportar a los migrantes y desde abril han sido expulsados al menos en cinco vuelos chárter más de medio millar de personas de distintas nacionalidades.
Delgado reiteró este fin de semana que se retomará la política de deportaciones, pese a que un fallo de la Corte Suprema rechazó este proceder en junio y que otras organizaciones, como Human Rights Watch, han hecho llamados explícitos a poner fin a las «deportaciones sumarias».
