San Salvador, 6 jun (EFE).- Los líderes políticos y periodistas que «llevaron y estuvieron» en el proceso conocido como tregua entre pandillas en El Salvador serán «mostrados a nivel judicial» para que «respondan por apología del delito», según dijo este martes el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
«Aquellos líderes políticos que llevaron esto, como algunos periodistas que también estuvieron en esto (…) la justicia salvadoreña y los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito», dijo Arriaza Chicas en una entrevista en el canal estatal.
El director de la PNC no entró en detalles, ni mencionó nombres de las personas a las que se refería.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Una corte penal de El Salvador condenó el 29 de mayo a 14 años de prisión al expresidente Funes (2009-2014), que actualmente vive en Nicaragua, por los delitos cometidos en el marco de dicha tregua.
La Fiscalía detalló que Funes recibió 8 años por el cargo de agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
Lea también
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de «pacificación».
En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas.
