Ramón Escovar León
La elección primaria del 22 de octubre pasado reivindicó el valor del voto como instrumento de la política. El asunto adquiere vigencia en relación con la participación o no en el referéndum consultivo sobre la disputa con Guyana. Sobre este asunto hay tres posiciones. La primera es votar “sí” en cada pregunta; la segunda es abstenerse y no asistir; la tercera es participar y pensar cada pregunta y responder de acuerdo con lo que más convenga a Venezuela; es decir, un voto independiente de la propaganda política. El primer grupo corresponde al tubo impulsado por el gobierno; el segundo lo representa un sector de la oposición, que ve en la abstención una propuesta política; y, al tercer grupo se suman –hasta ahora– individualidades y organizaciones de la sociedad civil. Pertenezco a esta última posición, la cual pretendo explicar a continuación.
La posibilidad de la consulta está prevista en el artículo 71 de la Constitución, pero lo que ofrece discusión es el contenido de las preguntas, tal como lo sostuve en otro artículo (“La consulta sobre el Esequibo”: El Nacional, 7.11.2023). Las preguntas buscan respuestas afirmativas y parten de la premisa según la cual el venezolano carece de capacidad de pensar y que actúa en rebaño.
La primera pregunta se refiere a si estamos de acuerdo con rechazar el laudo arbitral de París de 1899. Todos los venezolanos somos conscientes de que dicho laudo es nulo, por inmotivado y por ser producto de un fraude procesal. Mi respuesta será sí.
En la segunda pregunta la respuesta es también sí, porque se refiere a reconocer la fuerza del Acuerdo de Ginebra, que es el único logro de nuestro país, porque revivió la reclamación y sentó al Reino Unido a negociar. Dicho Acuerdo es un éxito de la democracia venezolana, bajo el impulso de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni. Es bueno recordarlo siempre.
La tercera pregunta es delicada y constituye el núcleo de la consulta. Se formula así: “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”.
La propaganda que realiza el gobierno se basa en alegar que la posición histórica de Venezuela ha sido la de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el 19 de septiembre de 1982, el canciller José Alberto Zambrano Velasco, mediante comunicación GM- 214, suscribió lo siguiente: “El Gobierno de Venezuela ha llegado al convencimiento de que el organismo internacional más apropiado para señalar el medio de solución es el Secretario General de la O.N.U, quien aceptó esta responsabilidad por nota del 04ABR1966, suscrita por U. Thant, y cuya actuación fue expresamente convenida por las Partes en el texto mismo del Acuerdo de Ginebra” (Véase, Rafael Badell: La reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, serie estudios N.º 139, Caracas, 2023, p. 246). De este texto se desprende que Venezuela reconoció que el medio apropiado para la solución del conflicto es el secretario general de las Naciones Unidas.
A esto se añade la presencia de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. El gobierno se presentó y alegó la cuestión de inadmisibilidad, designó al juez ad hoc y al agente y, luego, asistió a la audiencia oral sobre las medidas provisionales. En esto aplica el principio fórum prorrogatum, es decir, conductas que implican aceptación implícita de la competencia. Por si fuera poco, la CIJ en la decisión del 18.12.2020 (numeral 137) confirmó su competencia, lo que es cosa juzgada.
Más todavía, hay un aspecto de orden práctico que recomienda contestar “no” a esta pregunta. Si bien es posible el juicio sin la presencia de Venezuela, porque así lo autoriza el artículo 53 del Estatuto de la CIJ, no es conveniente abandonar el juicio y facilitarle el trabajo a Guyana. Lo que nos conviene es preparar la contramemoria con los mejores expertos y consignarla el 8 de abril de 2024. Con una buena estrategia, con apoyo en los sólidos títulos con los que cuenta Venezuela, es posible obtener una victoria. No participar en el juicio sería otro error que se sumaría a los que se han cometido en los últimos veintitrés años.
En lo que atañe a la cuarta pregunta, hay que señalar que su formulación es confusa. Guayana ha otorgado concesiones ilegales y abusivas en la zona en reclamación y en la plataforma marítima, pero Venezuela ha debido solicitar medidas cautelares contra ellas en la CIJ. No lo ha hecho, lo que resulta inexplicable. Ante esta pregunta, mi posición es abstenerme, salvo que reformulen la pregunta para solicitar las cautelares contra las concesiones concedidas por Guyana.
La pregunta 5 no está redactada de manera asertiva, sino que es larga, con varios incisos y confusa. Veamos: “¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a [sic] la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando [sic] en consecuencia dicho estado en [sic] el mapa del territorio venezolano?” Aquí hay cuatro preguntas en una, tal como lo he sostenido en otra oportunidad. Estas son: la creación del estado Guayana Esequiba; la “nacionalización” de la población del Esequibo; la invocación del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional; y, la incorporación del nuevo estado al mapa de Venezuela. Esta pregunta no solo contradice la número 2, sino que ha sido interpretada como una amenaza.
Por su parte, Guyana solicitó medidas provisionales contra la consulta, que fueron respondidas por Venezuela. En este sentido, la CIJ puede tomar una de las decisiones siguientes: a) rechazar las medidas cautelares solicitadas sobre la base de que se trata de un asunto interno; b) aceptar parcialmente la propuesta de Guyana y exhortar a Venezuela a eliminar las preguntas 3 y 5; c) exhortar a ambas partes a no desplegar conductas que puedan entorpecer el proceso. Pronto lo sabremos, porque se trata de una decisión de urgencia.
En definitiva, el referéndum no es necesario, divide a los venezolanos y debilita la posición de Venezuela en el proceso judicial, amén de contradecir el Acuerdo de Ginebra, como lo proclamó Román José Duque Corredor pocas horas antes de su lamentable y sorpresivo fallecimiento. Pero hay que participar porque la consulta va como lo ha declarado sin vacilar el gobierno. Y esto ante la ambigüedad del liderazgo opositor que no señala con claridad el camino sobre este fundamental asunto para el destino nacional. Se ha dejado un vacío que lo están llenado individualidades y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, la posición ante la consulta debe tener en cuenta a quienes no tienen otra opción que votar, como los funcionarios públicos, por ejemplo. A estos venezolanos no se les puede pedir que se expongan a represalias por no votar. Pero sí se les puede ofrecer argumentos para que decidan lo más conveniente para Venezuela.
De lo que se trata es de no perder el foco y de centrar la estrategia en la nulidad del laudo arbitral de 1899, porque –hay que repetirlo– carece de motivación, es producto de un fraude procesal y, en consecuencia, es nulo. Hacia ese objetivo se debe ir y preparar la contramemoria que hay que presentar el 8 de abril de 2024. Para ello, el gobierno debe designar un equipo de juristas, historiadores, politólogos, geógrafos y especialistas en seguridad nacional para que preparen la defensa de nuestro país.
Las preguntas se deben contestar de acuerdo con el propio criterio, sin atender consignas ni frases vacías. La participación de opositores en la consulta puede abrir espacios de coincidencia con el gobierno sobre la reclamación del Esequibo.
Politizar la disputa es lo peor que se puede hacer. Lo que conviene a Venezuela es defender la integridad territorial con madurez política, con estrategia y con unidad nacional.
