Caracas, 7 abr (EFE).- La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó rechazó este jueves la «nueva arremetida» del Gobierno contra el exdiputado y el grupo que lo acompaña, a quienes el contralor general del país caribeño, Elvis Amoroso, anunció que denunciaría por el presunto robo de recursos del Parlamento en el período que el bloque antichavista estuvo al frente (2016-2021).
«La declaración del señor Elvis Amoroso, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por prestarse al fraude de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, forma parte del patrón sistemático de persecución política contra el liderazgo de la oposición en Venezuela», dijo el sector de la oposición en un comunicado.
En la presentación de su informe anual de gestión ante el Legislativo este miércoles, Amoroso señaló que la «anterior junta directiva» que estuvo en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) encabezada por Guaidó «se robaron hasta los cables, desmantelaron toda esta Asamblea Nacional».
«Acudiremos en las próximas semanas ante la Fiscalía General para ya hacer todo lo posible para que esos señores de una vez por toda estén tras las rejas», aseguró.
Esta declaración, prosigue el grupo antichavista, «evidencia la inexistencia de Estado de derecho, independencia judicial y garantías en el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela».
Indicó que este «nuevo ataque de la dictadura» se produce en el contexto de la reciente visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela, donde anunció la instalación de una oficina para continuar con la investigación de supuestos delitos de lesa humanidad en el país.
«Así actúa la dictadura en Venezuela: por un lado, simula una renovación dentro del Tribunal Supremo de Justicia que busca evadir la justicia y evitar que se investigue a la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y, por otro lado, esta misma cadena de mando persigue, hostiga y amedrenta a diputados de la oposición democrática desde el canal del Estado», aseguró.
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Los opositores alertaron a los organismos y a la comunidad internacional que si en los próximos días «le sucediese algo» a Guaidó o a alguno de los dirigentes opositores, «sería bajo la responsabilidad del dictador Nicolás Maduro».
El pasado 7 de enero, el Parlamento, de mayoría chavista, creó una comisión especial para investigar, en el plazo de un mes, los «crímenes» que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo.
El 4 de marzo, la AN reiteró su exigencia a la Justicia para que ejerza «acciones contundentes» contra Guaidó, a quien acusaron de «delitos contra la República», entre 2016 y 2021, cuando era diputado.
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