Caracas, 6 abr (EFE).- La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó denunció este martes que durante 2020 hubo, al menos, 525 nuevas ejecuciones extrajudiciales en el país caribeño, al tiempo que alertó del recrudecimiento de esta práctica, que constituye una violación a los derechos humanos.
De acuerdo con un informe presentado por una comisión que responde a Guaidó, las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido disolver.
El jefe de la comisión opositora que vela por los derechos humanos, Humberto Prado, dijo que se han identificado las identidades de unas 400 de estas 525 víctimas.
Asimismo, la oposición señaló que «existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos», y que esto ocurre «debido a la militarización de la seguridad ciudadana».
A mediados de marzo pasado, Bachelet alertó que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
Entonces, la alta comisionada denunció que en el país suramericano habían ocurrido 200 ejecuciones extrajudiciales entre septiembre de 2020 y marzo de este año.
La oposición venezolana no aclaró este martes si su recuento de víctimas incluye las denunciadas por Bachelet en marzo pasado.
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A finales del año pasado, la ONG local Cofavic, que defiende los derechos humanos, dijo a Efe que había identificado más de 11.300 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2012 y marzo de 2020.
De acuerdo con la directora de esta organización, Liliana Ortega, el 71 % de esos casos ocurrieron bajo operativos policiales especiales en zonas vulnerables, como los que suele adelantar la FAES en los barrios pobres de Venezuela.
Es por ello que Ortega calificó como «inasumible» el respaldo que el presidente Nicolás Maduro ofrece a la FAES, pese a las reiteradas denuncias de la oposición y diversas ONG, que señalan al cuerpo policial por presuntas violaciones a los derechos humanos.
