Caracas, 16 sep (EFE).- La oposición venezolana consideró este jueves que el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que recoge que el sistema de Justicia venezolano carece de independencia, «reafirma la violación sistemática de derechos humanos» en el país caribeño.
«Este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales, sino que también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de derechos humanos», dijo el exdiputado Miguel Pizarro en un comunicado de la oposición.
Asimismo, Pizarro, nombrado por Juan Guaidó comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), subrayó que «en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario».
«Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han negado la reparación la verdad y la justicia a las víctimas y el Estado Venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo», aseveró.
El informe de la misión de la ONU, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
«Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo», señala el documento.
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Al respecto, Pizarro hizo hincapié en que «la Misión realizó un análisis detallado del caso de 200 detenciones de opositores ocurridas entre 2014 y agosto de 2021, en las que se reportan desapariciones forzadas, caso de tortura, violencia sexual y tratos crueles e inhumanos», entre otros.
Por eso, opinó que el Gobierno «maneja todos los hilos de la justicia en Venezuela a su antojo».
Pizarro también denunció que, en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen».
Finalmente, concluyó que «es importante continuar documentando los casos de violación de derechos humanos porque todo ello permitirá hacer justicia e iniciar un proceso de reparación de las víctimas».
«En este informe, además hay declaraciones importantes de jueces y fiscales que también han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por parte del régimen. Cada uno de estos de estos testimonios, y cada uno de los informes y actualizaciones (…) nos acercan a los procesos necesarios para alcanzar la justicia para los venezolanos», apostilló.
