Caracas, 21 mar (EFE).- Un grupo de exdiputados antichavistas aseguró este martes que mantendrán el control de activos del país en el exterior, administrados por una comisión creada por este sector de la oposición en enero pasado, ante las recientes investigaciones de supuestos hechos de corrupción por parte de funcionarios del Gobierno de Venezuela.
La líder de este grupo, la exparlamentaria Dinorah Figuera, exiliada en España, dijo que, ante esta situación en el oficialismo, la comisión opositora de «administración y protección» de activos en el exterior, manejados por Juan Guaidó desde 2019 hasta finales de 2022, seguirá «asumiendo la responsabilidad de salvaguardar» recursos del Estado venezolano que están en otros países.
Además, propuso abrir una investigación «a fondo» para dar con los «actores (que), bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, se enriquecieron ilícitamente» a costa «de la crisis humanitaria» de Venezuela, según una nota de prensa.
Desde 2019, cuando Guaidó se autoproclamó «presidente encargado», este sector de la oposición mantiene el control de activos del país que se encuentran en otras naciones, entre ellas Estados Unidos, que rechaza la legitimidad de Nicolás Maduro.
Luego de que este grupo de exdiputados electos en 2015, cuyo período venció en 2021, votara por la eliminación del llamado «Gobierno encargado», en diciembre pasado, creó posteriormente un «Consejo de Administración y Protección de Activos».
En enero, la Justicia emitió órdenes de captura contra Figuera y otras dos exdiputadas opositoras, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, que conforman la junta directiva de esta suerte de «legislativo» paralelo, a las que la Fiscalía acusa de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Maduro pidió este lunes justicia por el «dinero robado» de las cuentas del país en el exterior por parte de la «ultraderecha» antichavista.
Asimismo, el jefe de Estado informó que ha «conducido personalmente» una serie de investigaciones para «desmembrar» a las «mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores», entre ellos el petrolero, el judicial y el político.
Ante estas investigaciones, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció a su cargo este lunes.
De momento, se conoce la detención de, al menos, cuatro funcionarios públicos, entre ellos el ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, así como de dos jueces y un alcalde chavista.
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