El aire en las escuelas venezolanas se ha vuelto enrarecido y peligroso. Lo que comenzó a finales de 2024 como eventos aislados atribuidos a desafíos de internet se ha transformado en un fenómeno sistemático que abarca más de 50 episodios documentados y más de 500 personas afectadas entre estudiantes, docentes, obreros y trabajadores sanitarios.
Los salones de clase, concebidos como espacios seguros de formación, se han convertido repetidamente en escenarios de pánico, desalojos de emergencia y traslados masivos a centros ambulatorios que carecen de los insumos mínimos para enfrentar contingencias toxicológicas.
Los acontecimientos del mes pasado evidencian que la crisis dista de estar controlada. El 15 de octubre, en el estado Táchira, las autoridades de la Unidad Educativa Leocadio Castro, en el sector Vega de Aza del municipio Torbes, debieron evacuar a 383 personas tras detectarse un denso hedor químico que provocó debilidad severa, cefaleas y náuseas a 29 alumnos y 2 profesores. Apenas unos días después, el día 22, la alarma volvió a encenderse en el Complejo Educativo Nacional General José Antonio Bello Nieto, en el sector La Morita del municipio Fernández Feo, donde 68 personas —entre ellas 41 niños, un adolescente, 9 profesores, 2 obreros y 3 vecinos— sufrieron desmayos, irritación ocular, afecciones respiratorias y erupciones alérgicas.
Asimismo, también el 22 de octubre, en el estado Aragua, la Unidad Educativa Nacional José María Vargas de Maracay registró la intoxicación de cinco docentes y dos estudiantes. Durante una asamblea posterior convocada para evaluar el hecho, madres y representantes sintieron resequedad en la garganta e inflamación cutánea, lo que obligó a atender de emergencia a una alumna con opresión en el pecho y ardor en las vías aéreas.
El hecho ocurrió cuando se realizaba el Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales. La segunda intoxicación masiva que se reportó el 30 de octubre fue en el Liceo Andrés Lomelli Rosario, en el municipio Boconó del estado Trujillo. Cerca del mediodía habían ingresado 34 personas al Hospital Rafael Rangel entre estudiantes y docentes.
A principios de noviembre de 2024, la primera gran alerta colectiva tuvo lugar en el Liceo 27 de Junio en el municipio Turén, estado Portuguesa, donde 85 personas colapsaron por la inhalación de una sustancia desconocida. Meses más tarde, el 5 de marzo de 2026, la contingencia se trasladó al Liceo José de la Cruz Paredes en San Rafael de Onoto, en la misma entidad, dejando 18 estudiantes y 2 adultos con dificultades respiratorias severas y pérdida del conocimiento
El mapa de afectaciones se extendió con rapidez a través de la geografía nacional. En el estado Lara, el 19 de marzo de 2026, 35 alumnos del Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande sufrieron vómitos, picazón, taquicardia y pérdida del conocimiento por hasta 30 minutos tras percibir un hedor extraño.
Poco después, el 8 de abril, la Escuela Manuelita Sáenz y el Ciclo Combinado de Santa Apolonia, en el municipio La Ceiba del estado Trujillo, evacuaron sus aulas tras registrar erupciones cutáneas masivas provocadas por emanaciones desconocidas. El 25 de abril, en Caripito, estado Monagas, la Unidad Educativa Pedro Gual contabilizó 44 afectados entre alumnos y docentes debido a vapores tóxicos emanados durante labores de limpieza.
Durante el mes de junio de 2026, la emergencia se intensificó en los llanos centrales y occidentales. En el estado Cojedes, el Liceo Generalísimo Francisco de Miranda y la Escuela Primaria Bolivariana General Francisco de Miranda, en San Carlos, evacuaron a 23 personas con convulsiones, desmayos y vómitos el 2 de junio, un suceso que se sumó a tres episodios previos documentados entre marzo de 2025 y enero de 2026 en el Liceo Manuel Manrique de esa misma región. Días después, el 9 de junio, el Centro de Educación Inicial José María Vargas «Tribilín» y el Jardín de Infancia Villas registraron reacciones alérgicas en 2 adolescentes y 11 adultos.
En Apure, el 17 de junio, 20 niños de la Escuela Primaria Graduada Marcos Daniel Hernández Brito recibieron asistencia de urgencia tras presentar síntomas alérgicos agudos. Previamente, en Mérida, el Liceo Bolivariano El Llano en El Anís había atendido a 36 adolescentes intoxicados el 25 de febrero, mientras que en Aragua, el Grupo Escolar El Limón había reportado 50 intoxicados a mediados de 2025.
El punto crítico en Trujillo se alcanzó en octubre. El día 7, eventos paralelos en el Liceo Las Palmas, la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl y la Unidad Educativa José Félix Rivas afectaron a decenas de jóvenes con náuseas y asfixia. Días más tarde, la contaminación cruzó los muros escolares: el jueves 15, tras presentarse síntomas en la Unidad Educativa Padre Durán de la parroquia Burbusay, el veneno alcanzó a las residencias de los estudiantes afectando a más de 20 personas. Cuando tres de estos pacientes fueron trasladados al Hospital Rafael Rangel de Boconó el 18 de octubre: ocho trabajadores de la salud —dos médicos, cuatro enfermeros y dos camareras— sufrieron mareos, náuseas y fallas respiratorias por presunta exposición secundaria a un agente químico ambiental, obligando al centro asistencial a restringir sus servicios a urgencias estrictas.
Cuadros clínicos y exposición a agentes químicos
Desde la perspectiva científica, un agente o sustancia química abarca cualquier compuesto orgánico o inorgánico, sintético o natural, capaz de generar efectos tóxicos en el organismo. Estas sustancias pueden presentarse en forma de sólidos como polvos y humos; líquidos como vapores y nieblas; o gases puros.
La toxicología médica clasifica a estos agentes en varias categorías según sus mecanismos fisiopatológicos de daño: agentes vesicantes o ampollares como la lewisita o las mostazas sulfuradas y nitrogenadas, que destruyen los tejidos al contacto cutáneo, ocular o pulmonar; agentes sanguíneos como el cianuro de hidrógeno, que bloquean la respiración celular interrumpiendo el intercambio de oxígeno a nivel tisular; agentes nerviosos organofosforados, que inhiben de forma irreversible la enzima acetilcolinesterasa bloqueando la transmisión neuromuscular; agentes sofocantes o neumotóxicos como el cloro y el fosgeno, que causan edema pulmonar masivo y asfixia horas después de la inhalación; y agentes antidisturbios o incapacitantes como el gas lacrimógeno o irritantes primarios.
La exposición humana a estos compuestos se produce a través de cuatro vías fundamentales: inhalación por respirar aire contaminado con gases o vapores —siendo la vía más rápida y común en entornos escolares—; absorción cutánea u ocular mediante contacto directo con membranas mucosas; ingestión accidental por contaminación de manos o alimentos; e inyección. Según el grado de dosis y la naturaleza del químico, los efectos agudos abarcan desde dermatitis e irritación severa de las vías aéreas hasta desmayos, hipotensión, convulsiones, insuficiencia respiratoria aguda e hipoxia cerebral.
Contradictorias y politizadas versiones del Estado
Frente a este cuadro clínico complejo, la respuesta del Estado venezolano se ha caracterizado por explicaciones dispersas, contradictorias y fuertemente politizadas. En 2025, el régimen atribuyó las intoxicaciones masivas de Portuguesa y Barinas a retos virales difundidos en TikTok, específicamente prácticas peligrosas como el chroming —inhalación de solventes, desodorantes en aerosol e insecticidas— o el consumo del fármaco ansiolítico Clonazepam en el juego conocido como «el que se duerme pierde».
Tras confirmarse el fallecimiento de tres adolescentes por estos desafíos en Caracas y Miranda, Nicolás Maduro responsabilizó a la red social, le otorgó un plazo de 72 horas para retirar contenidos peligrosos y amenazó con el cierre total de las plataformas en el país. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó las dinámicas como actos de desestabilización y promovió la regulación de las redes sociales, mientras el Tribunal Supremo de Justicia admitía un recurso de amparo interpuesto por el Movimiento Bolivariano de Familias.
No obstante, las versiones oficiales se han ramificado en hipótesis disímiles según la región. En Aragua, la gobernación adujo que la intoxicación de 50 niños en el Grupo Escolar El Limón derivó de la reacción química entre el insecticida Fenotión, utilizado en fumigaciones contra el dengue, y el cloro usado en la limpieza del plantel. En Apure se habló del contacto incidental con un perfume y en Barinas sobre la dispersión intencional de polvos, el consumo de gomitas o mezclas de refresco con bebidas energizantes.
La narrativa oficial dio un giro acusatorio en octubre de este año en el estado Trujillo. El alcalde chavista del municipio Andrés Bello, José Reyes, vinculó a sectores de la oposición con las intoxicaciones masivas, calificándolas como «actos de sabotaje y terrorismo» diseñados para «ensombrecer» el aniversario de una victoria electoral del fallecido presidente Hugo Chávez.
Pese a este discurso politizado, la actuación policial condujo el 21 de octubre a la detención en Valera de un hombre identificado como Rangel Y., presunto integrante del grupo delictivo «El Cagón».
Al momento de su arresto en una motocicleta, los funcionarios decomisaron dos granadas de gas lacrimógeno, ocho sobres de raticida, una bolsa de polvo químico irritante, limpia hornos y cloro. Evaluaciones científicas preliminares del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Protección Civil determinaron que los componentes de estos insumos coincidían con las muestras tomadas en las escuelas trujillanas.
Frente al avance de los casos, en 2025, el régimen anunció la ejecución de una campaña preventiva y de concientización a través del Ministerio de Salud, asegurando haber abordado 207 instituciones educativas en 18 estados para sensibilizar a más de 20.000 jóvenes sobre los riesgos de sustancias químicas y redes sociales. Sin embargo, esta versión choca con la realidad expresada por las comunidades escolares. Voceros de la sociedad civil y gremios docentes señalan desconocer la aplicación de dicha campaña, enfatizando que en la práctica ningún docente, estudiante o padre tiene certeza de si las charlas llegaron a ejecutarse o si se trataron de un mero anuncio institucional sin despliegue operativo en las aulas afectadas.
Las medidas preventivas aplicadas por las autoridades locales han consistido fundamentalmente en el desalojo de emergencia, la suspensión temporal de actividades académicas por 24 ó 48 horas y jornadas improvisadas de desinfección. En planteles de Táchira y Portuguesa, Protección Civil lavó las infraestructuras con hipoclorito de sodio, mientras la policía incrementaba su presencia e implementaba la revisión de bolsos y pertenencias a los estudiantes antes de ingresar a los colegios.
Exigencias de un plan sanitario y centros toxicológicos
Las organizaciones no gubernamentales y los expertos médicos han rechazado la respuesta gubernamental. El coordinador general de la ONG defensora de la niñez Cecodap, Carlos Trapani, sostiene que estas intoxicaciones «no pueden ser interpretadas como hechos aislados ni meramente accidentales», subrayando que constituyen «señales de alerta sobre el deterioro de las condiciones de protección de la niñez y fallas estructurales profundas». Trapani condenó las declaraciones del alcalde de Andrés Bello en Trujillo por incitar a la violencia comunitaria y politizar la tragedia.
«La primera medida de cualquier autoridad pública tiene que ser solidarizarse con las víctimas y hacer una investigación objetiva e imparcial. Mal puede una autoridad decir que la gente haga justicia; ¿qué significa hacer justicia en un contexto de violencia que tenemos en el país?», cuestionó el abogado. Asimismo, el psicólogo Abel Saraiba, también de Cecodap, advirtió que la prohibición de redes sociales no resuelve el problema, pues la adopción de retos riesgosos obedece al desarrollo cognitivo incompleto del adolescente en la estimación de riesgos y a la falta de presencia afectiva de los padres.
Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, criticó severamente el «secretismo» estatal y la ausencia de información toxicológica pública, exigiendo la elaboración de un plan nacional sanitario transparente. En la misma línea, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Elvia Badell, instó a la creación urgente de un Centro Nacional de Toxicología que brinde soporte técnico a la golpeada red de salud pública ante emanaciones de venenos. Desde el ámbito psicológico, Mariana Ponce acotó que la protección infanto-juvenil exige un diálogo supervisado entre escuelas, plataformas digitales y representantes.
Padres y comunidades educativas sin respuestas
La angustia y el desencanto se perciben con fuerza en los testimonios de las familias afectadas. En el Liceo José María Vargas de Aragua, tras una desinfección efectuada por los propios profesores con simple agua y jabón, los síntomas reaparecieron en padres y alumnos, por lo que el martes 27 de octubre exigieron una cuarentena escolar. Deisy Morales, madre de una estudiante afectada, encaró la versión oficial: «Nos mintieron con el informe. Agua y jabón no es una limpieza profunda. Aquí tenían que venir los expertos a descontaminar el liceo y decretar una cuarentena. Pedimos que la gobernadora y las autoridades competentes vengan a constatar la realidad. No estamos hablando de animales; hay niños y profesores cuyas vidas están en riesgo. Mi hija aún se encuentra hinchada a raíz de la intoxicación«.
En 2024, en Turén y Trujillo la desconfianza también es constante: varios padres y representantes que tuvieron contacto con los alumnos afectados en Turén sufrieron mareos, dificultad respiratoria y picor en piel, ojos y garganta. Asimismo, los afectados no obtuvieron información sobre la sustancia que causó la intoxicación.
Todos estos episodios registrados en el territorio venezolano comparten un denominador común: la opacidad del Estado. Tras casi dos años de emergencia, las familias venezolanas continúan sin recibir informes médicos definitivos ni diagnósticos epidemiológicos de campo que determinen qué sustancia respiran sus hijos.
Al hermetismo de los hospitales públicos —donde se niega la entrega de historiales amparándose en «autorizaciones superiores»— se le suma un sistema de vigilancia epidemiológica debilitado que oculta los resultados toxicológicos finales. Mientras las investigaciones penales se abren y cierran sin boletines aclaratorios, las comunidades educativas permanecen sumidas en la incertidumbre, atrapadas entre el temor al veneno ambiental y el silencio oficial que se niega a nombrar la causa.
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