Bogotá, 26 jun (EFE).- La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, manifestó este lunes su «preocupación» por la persistente violencia en el departamento de Nariño (suroeste del país), ya que en lo que va de año se han registrado cuatro masacres que se han cobrado la vida de 12 hombres y una mujer, además de tres asesinatos de defensores de derechos humanos.
Además, según indicó un comunicado de su oficina, en el convulso departamento se han registrado casos de desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades, reclutamiento de menores, violencia sexual, ocupación y destrucción de propiedades civiles, así como la instalación de minas en al menos el 37 % de los municipios de Nariño.
«Ante la violencia que enfrentan las comunidades en Nariño, provocada por los grupos armados no estatales, es indispensable que se implementen, por parte de las autoridades, estrategias de protección de la vida de las personas defensoras y de las comunidades, al igual que acciones de prevención de la violencia», señaló De Rivero.
En este sentido, De Rivero apuntó en que «el Estado debe asegurar su presencia integral y el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente para la población indígena, campesina y afrodescendiente».
PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió información sobre «graves hechos de violencia» en la subregión Piedemonte Costero, que «afectan principalmente a las comunidades del Pueblo indígena awá».
Debido a las afectaciones a los awá, que se suman al riesgo de exterminio físico y cultural en el que está este pueblo, De Rivero recomendó que «se reactive con urgencia la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá y se implementen las medidas ya concertadas para su protección y pervivencia».
En lo que va de 2023, la ONU documentó que «por el accionar de los grupos armados no estatales, los pueblos awá, eperara siapidara y afrodescendientes sufren graves afectaciones a la caza, a la pesca, a la recolección de alimentos, a los rituales espirituales en sitios sagrados y a la educación de niñas, niños y adolescentes».
Asimismo, en ese mismo lapso de tiempo, más de 16.400 personas en Nariño han sido desplazadas o confinadas por enfrentamientos entre grupos armados no estatales, especialmente población afrodescendiente e indígena awá y eperara siapidara, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
LLAMADO AL GOBIERNO
«Me preocupa el riesgo que deben enfrentar las comunidades por la presencia de grupos armados no estatales», expresó De Rivero, quien hizo un llamado al Gobierno nacional para que atiendan de «forma oportuna y adecuada a la población que sufre esta violencia y a prevenir más acciones en su contra».
Asimismo, la representante reiteró a los actores armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y los instó a «respetar sin dilación a la población civil».
«Es necesario que las autoridades, tanto departamentales como nacionales, refuercen sus capacidades en estas zonas de alto riesgo y de alta violencia, donde la población y las defensoras y defensores de derechos humanos y los líderes y autoridades indígenas y comunitarios están en alto riesgo por la actitud de los actores armados», concluyó.
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