Caracas, 19 jun (EFE).- La instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela representa un avance que permitirá al fiscal del organismo internacional, Karim Khan, conocer, según expertos, el contexto venezolano y contribuir a fortalecer el sistema de Justicia, en la que la voluntad del Estado es indispensable.
Tras su tercera visita a Venezuela, Khan afirmó que este nuevo paso permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia del alto tribunal en la nación caribeña, para identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.
En noviembre de 2022, el fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
El abogado especialista en derecho internacional Simón Gómez Guaimara indicó a EFE que la oficina representa un avance, en la medida en que la Fiscalía de la CPI podrá conocer más de cerca el contexto venezolano, el entorno legal y elementos culturales que «informan la carencia absoluta de institucionalidad en Venezuela».
«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió.
INTENCIÓN DE INVESTIGAR
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.
No obstante, sostuvo que el Estado venezolano tiene la «clara intención» de hacer justicia sin que un «ente transnacional» lo haga, y es lo que ha querido demostrar ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.
En este sentido, el abogado en derecho penal Fernando Fernández dijo a EFE que la oficina ayudará a que el Estado empiece a apuntar a investigaciones que involucren a los funcionarios de media y alta jerarquía, y no solo enfocarse en los posibles autores directos.
«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló.
Además, expuso que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.
«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.
Gómez Guaimara agregó que para esto es necesaria la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.
DOS VÍAS
Gómez Guaimara apuntó que si la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza a Khan para seguir la investigación, habrá una especie de dos vías, complementarias pero independientes, entre la asistencia técnica en Caracas y la profundización de las pesquisas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», apostilló.
El abogado señaló que la asistencia técnica no es la mera realización de actividades pedagógicas de formación a funcionarios, sino que debe ir más allá, y que el resultado sea la generación real de condiciones para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.
Por eso, también resaltó la necesidad de que haya transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye ONG y las presuntas víctimas.