Quito, 17 may (EFE).- El escenario de la «muerte cruzada» que implica la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y el adelanto de elecciones generales rondaba el panorama político de Ecuador desde hacía un año y terminó concretándose este miércoles.
El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha esperado a la última instancia del juicio político de censura abierto por la oposición contra él para recurrir a este recurso extraordinario que contempla la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, en los primeros meses de 2022, el Ejecutivo ya había valorado la posibilidad de echar mano de la «muerte cruzada» cuando no llevaba todavía un año en el Gobierno, al ver tumbada en la Asamblea la Ley de Inversiones, uno de los proyectos insignia de Lasso para dinamizar la economía.
En aquel momento, un sector del Gobierno se mostró a favor de ir a la «muerte cruzada» pese al poco tiempo que llevaba en el poder el mandatario, que finalmente optó por buscar alternativas a su reforma y tratar de generar puentes y consensos con parte de la oposición.
Esta decisión conllevó la salida del Ejecutivo de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien no ocultó que dimitió por discrepancias con Lasso, al considerar que «preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada».
En su lugar, el presidente ecuatoriano decidió dividir esa cartera en un Ministerio del Interior y un Ministerio de Gobierno, donde puso a Francisco Jiménez, un político del oficialismo que tenía la misión de generar los consensos y encauzar una estabilidad política.
PROTESTAS Y PRIMERA MOCIÓN DE CENSURA
Sin embargo, a las pocas semanas, el Gobierno tuvo que enfrentar otro pulso liderado por el movimiento indígena, que protagonizó una oleada de duras protestas que paralizaron al país durante dieciocho días y que dejaron un saldo de 7 muertos, entre ellos seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.
En medio de ese contexto, la Asamblea votó una primera moción para destituir al presidente, quien salvó el jaque de manera ajustada al quedarse la opción a sólo doce votos de los 92 necesarios para destituirlo, equivalentes a dos tercios de la Cámara.
Tampoco en ese momento Lasso recurrió a la herramienta de la «muerte cruzada» y nuevamente abogó por el diálogo y los llamamientos a un acuerdo nacional que no encontraron respuesta positiva en otras fuerzas políticas.
DERROTA ELECTORAL
Sin embargo, la dura derrota sufrida en la cita electoral del 5 de febrero, donde el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas claves a la Constitución y el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales, precipitaron y aceleraron el juicio político por supuestos actos de corrupción en empresas públicas.
Luego de esos comicios y la consulta popular, Jiménez salió del Ministerio de Gobierno y entró Henry Cucalón, con un talante también proclive al diálogo pero firmemente en contra del juicio político.
Ahora el escenario no generaba seguridad al Gobierno de tener los votos suficientes para salvar a Lasso, pues el oficialismo cuenta con una reducida representación en el Parlamento y, en esa situación límite, el jefe de Estado optó por esta herramienta cuando estaba a punto de llegar al ecuador de su mandato.
CRISIS AÚN POR ESTABILIZAR
De esta forma, el mandatario sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato presidencial a cambio de evitar su posible destitución bajo una acusación de supuesto peculado (malversación), que desde un inicio ha rechazado y calificado como una invención de sus opositores, a los que ha acusado de buscar un «asalto institucional».
Semanas atrás, y de manera «off the record», un ministro del actual gabinete que acompaña a Lasso había adelantado a EFE que, en caso de no contar los votos suficientes, no dudarían en aplicar la «muerte cruzada» ante la seguridad de la inocencia del presidente y de evitar que la oposición lograse su objetivo.
Así se resolvió una crisis latente desde prácticamente el inicio del mandato de Lasso y que no está exenta de prolongarse o agudizarse si el movimiento indígena y otras organizaciones sociales deciden realizar protestas contra la decisión del mandatario.
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