Quito, 21 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, aplicó el pasado miércoles la «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que resultó «soft» para superar una crisis política que no generó una conmoción social como se temía.
La inédita medida le permitió a Lasso disolver el Parlamento, llamar a elecciones anticipadas y gobernar por decreto hasta que lo reemplace su sucesor. Todo ello, sorprendentemente, sin un solo disturbio y con la aceptación de una amplia oposición política y social a su administración, que está a días de cumplir dos de los cuatro años para los que fue elegido en 2021.
Para varios analistas, la situación en Ecuador difiere en mucho con la que en su momento se registró en Perú, cuando una crisis política derivó en la destitución del expresidente Pedro Castillo por el Parlamento que designó en su lugar a Dina Boluarte, en medio de una oleada de protestas sociales duramente reprimidas por policías y militares.
En Ecuador, que parece el revelado en negativo de lo acontecido en Perú, apenas se han anunciado amenazas de protesta si el presidente Lasso llegara a usar algún decreto para aplicar reformas neoliberales.
El mandatario, que con la «muerte cruzada» también recortó su mandato, logró con esa medida evitar un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde la oposición tenía una amplia posibilidad de censurarlo bajo la acusación de peculado (malversación de fondos públicos) en una empresa del Estado.
Su ministro del Interior, Henry Cucalón, ha sido claro al afirmar que la decisión tomada por Lasso permitió «garantizar la democracia, la seguridad jurídica» y sorteó los «duros momentos» por la tensión constante con el Legislativo, que tenía una mayoría opositora.
Cucalón consideró que la medida también desinfló una crisis política en un momento en que el Estado se enfrentaba cara a cara con la delincuencia y el crimen, que han recrudecido en los últimos dos años.
Para el analista político Ramiro Aguilar, la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana resultó ser una alternativa «soft» (suave) que salvó de la censura al presidente Lasso.
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El hecho de que la aplicación de ese mecanismo, avalado por la Corte Constitucional, no haya generado la reacción en las calles supone que la gente aceptó esa salida como una forma de castigo, tanto a Lasso como a la desprestigiada Asamblea Nacional, cuya aceptación social rozaba los niveles críticos del Ejecutivo.
Sin la Asamblea legislativa en funciones, Lasso podrá sólo emitir decretos en materia económica considerados urgentes, que serán sometidos al dictamen de la Corte Constitucional.
Además, para Aguilar, el hecho de que la gente confíe en ir a las elecciones anticipadas sugiere que el pueblo ha preferido aceptar que Lasso recorte su periodo y no se diera paso a la sucesión por dos años del vicepresidente Alfredo Borrero, quien hubiese sido designado tras la eventual destitución del mandatario.
El adelanto de las elecciones también abre la oportunidad para que resurja el progresismo, opinó Aguilar al considerar que tendrá una buena oportunidad de repetir el «correísmo», el movimiento afín al expresidente Rafael Correa (2007-17), que aparece como una tendencia fuerte de cara a las futuras elecciones.
Para el catedrático Pablo Dávalos, la coyuntura abierta por la «muerte cruzada» centra el debate político en la discusión de candidatos y las opciones que tendrían para ocupar las vacantes generadas por la medida.
Y es que el Gobierno y la Asamblea legislativa que surjan de las próximas elecciones anticipadas solo tendrán vida hasta mayo de 2025, cuando debía acabar la administración de Lasso.
El nuevo gobierno «apenas durará algo más de un año» y no tendrá «mayor margen de maniobra para cambiar aquello que Lasso construyó durante su mandato», opinó Dávalos al señalar que con la «muerte cruzada» el mandatario eludió el escrutinio a su gestión, salpicada desde un principio por frecuentes escándalos de corrupción.
Dávalos aseguró que Lasso, quien padece de una muy baja aceptación popular según varias encuestas, sufrió también una «derrota estratégica» en las elecciones de gobiernos locales de febrero pasado, cuando trató de aplicar polémicas reformas a través de un plebiscito.
Y es que esa consulta popular se había convertido en un «referéndum sobre el propio gobierno y su legitimidad», y perdió, añadió Dávalos.
Ahora, las elecciones anticipadas parecen ser una válvula política de escape que, no obstante, volverá a poner en el tapete de la discusión los principales problemas que afectaban al país desde que Lasso asumió el poder en 2021, como la inseguridad, el auge de la delincuencia, la emigración ilegal, la crisis económica, la pobreza, el desempleo y la corrupción.
Fernando Arroyo León
