Ginebra, 13 feb (EFE).- La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este martes su preocupación por la detención y desaparición de la defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel el 9 de febrero, y pidió al Gobierno que ponga fin a la ola de represión contra los opositores.
«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», advirtió en un comunicado la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
San Miguel fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el pasado viernes cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, momento desde el cual ambas se encuentran en paradero desconocido.
La activista está acusada de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones de todo el país.
El Gobierno venezolano, indicó Valiñas, «debe proporcionar información sobre el paradero, no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen».
Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la misión investigadora, recordó que la información «tardía e incompleta» sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de «infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno».
Según la misión, Venezuela ha vivido recientemente una serie de actos que contravienen el Derecho internacional, incluyendo detenciones de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición.
Otro ejemplo de estos abusos mencionado por la misión es la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.
«Las autoridades han tratado de justificar éstas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado», indicaron los expertos de la misión.
«Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos», concluyó Valiñas.
Valiñas y Tappatá forman, junto al abogado chileno Francisco Cox, la misión tripartita, que tiene por cometido investigar abusos de las libertades fundamentales en Venezuela, y que ya ha emitido varios informes críticos con el gobierno de Maduro.
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