Nueva Delhi, 30 abr (EFE).- Masooma Ranalvi tenía 7 años cuando su abuela cambió la promesa de un helado por el filo de una cuchilla, un recuerdo que décadas después la ha traído a hablar de la mutilación genital al Tribunal Supremo de la India, donde nueve jueces deciden este mes si la ablación vulnera la integridad física o está amparada por la libertad religiosa.
Ese camino hacia los tribunales comenzó a gestarse cuando una noticia llegada desde Australia le devolvió de golpe la memoria con un caso que sonaba idéntico al suyo, en el que una madre, una enfermera y un líder de su misma comunidad, la Dawoodi Bohra, fueron condenados por practicar la mutilación genital femenina (MGF) a dos menores.
La sentencia en Sídney rompió el legado generacional de una tradición que la comunidad ha exportado desde el oeste de la India a medio mundo.
Hoy, una década después de aquel hallazgo y ocho años desde que Masooma y otras mujeres empezaran un camino legal contra la práctica, su testimonio se ha convertido en una pieza clave del nuevo proceso judicial.
«El silencio no es una elección. El silencio es la cultura. Crecimos con esa cultura, pensando que no debíamos hablar, que esto era algo que debía mantenerse en secreto», cuenta a EFE Ranalvi, que figura como parte interviniente ante el Supremo.
La práctica, conocida en su comunidad como ‘khatna’, consiste en la ablación del clítoris o del capuchón clitoral en niñas de entre seis y siete años. Aunque los Bohra, una rama minoritaria del islam chií con fuerte presencia en Bombay y el estado de Gujarat, la defiende como un «acto de pureza». La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como una forma de mutilación de Tipo 1.
La demanda, interpuesta por la abogada Sunita Tiwari como peticionaria en persona, enfrenta el derecho a la integridad física (Artículo 21) contra el argumento que defiende el rito como una «práctica religiosa esencial» amparada por la libertad de culto (Artículos 25 y 26).
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El Gobierno indio sustenta que la práctica no existe en el país porque no hay datos oficiales. Sin embargo, según denuncian las víctimas, el Estado se niega a reconocer la práctica para evitar documentarla, creando un círculo vicioso que ignora los testimonios de las supervivientes y elude cualquier intervención legal.
«A pesar de proporcionar evidencias y testimonios, el Gobierno no está dispuesto a admitirlo. En 2011 y 2018 se preguntó en el Parlamento sobre la MGF en la India y la respuesta oficial fue siempre la misma: no hay evidencia porque no hay datos. Pero los datos no caen del cielo», explica Ranalvi.
La memoria del dolor
Al volver sobre aquel día de su infancia, la imagen previa a la agresión sigue intacta.
«Mi abuela, que venía de su pueblo, me dijo que me sacaría a comer un helado. Me llevó al interior de una habitación pequeña donde esperaba otra anciana. Me inmovilizaron y yo me asusté», relata Ranalvi.
«Recuerdo el miedo, el dolor punzante y el llanto. Me dijeron que me callara, que todo estaría bien», revive.
Pasaron décadas hasta que ella misma entendió lo que le había pasado y decidió que debía denunciarlo. «Tardé 40 años en ponerle nombre a lo que me hicieron porque en mi comunidad las mujeres no tienen las herramientas para expresar su dolor. Me casé y aún así no hubo explicaciones, no sabía qué había pasado», añade.
Entre los Bohra, una rica comunidad de comerciantes con gran influencia política, el silencio se mantiene bajo una estricta jerarquía religiosa. Disentir implica enfrentarse al «baraat», un boicot social que supone la exclusión total de la familia.
Sin embargo, la voz de la denuncia nació igual gracias a un grupo de WhatsApp que Masooma creó para conectar a supervivientes. Ese grupo fue el embrión de ‘WeSpeak Out’, la organización que hoy dirige y que ha canalizado la lucha de las víctimas.
Según un informe del organismo, el 75 % de las mujeres Bohra han sido sometidas a la MGF, que se realiza de forma sistemática en menores principalmente a manos de matronas, parteras y doctores de la comunidad.
En la India no existe una ley que prohíba la práctica, por lo que las activistas intentan perseguir el rito bajo el código penal general de lesiones graves o la ley de protección infantil (POCSO, en inglés).
Masooma está cansada, admite. Ha repetido su historia durante semanas a los medios locales que han querido conocer su pasado desde que se supo que su caso llegaría a los tribunales.
«Pero hay que seguir. Ahora es el momento. El fallo puede tardar meses o años en conocerse, pero ahora puedo hablar», concluye.
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