La madre del estudiante de la UCV detenido pide al defensor del pueblo investigar denuncias de tortura

Fotografía de archivo en la que se registró al defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

 

Caracas, 6 sep (EFE).- Wendelin Peña, la madre del estudiante de la UCV John Álvarez, detenido la semana pasada, pidió este miércoles al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, investigar la denuncia de supuestas torturas aplicadas en el centro de detención a su hijo, acusado de conspiración y asociación para delinquir.

«Quiero pedir, encarecidamente, que el defensor haga todo lo que esté en sus manos (…) que ejerza su poder», dijo ante periodistas la mujer, a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, a donde acudió a entregar un documento en el que pide a Ruiz investigar este caso.

Peña aseguró que, en una conversación con su hijo, este le confesó que «sí lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad», y que los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «lo pusieron a hacer unos videos» con declaraciones para intentar incriminar a otras personas.

La organización no gubernamental Provea señaló que el estudiante está siendo procesado judicialmente por la misma causa de seis sindicalistas condenados en agosto a 16 años de prisión por conspiración.

A través de X (antes Twitter), la ONG reiteró que las autoridades están obligadas a «investigar las denuncias de torturas» y que esas averiguaciones «deben ser contra los funcionarios que realizaron la detención y ejecutaron las torturas», así como contra las directivas de la PNB.

Varias ONG exigieron el martes a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes para atender este caso.

Álvarez fue detenido el miércoles de la semana pasada en Caracas por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, quienes le quitaron la motocicleta en la que se desplazaba, así como sus pertenencias, según dijo este martes a EFE su abogado, Joel García.

El jurista aseguró que en la audiencia de presentación, realizada la noche de este lunes, se conoció que Álvarez tenía «una orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos por los que condenaron a los seis sindicalistas».

 

 

 

 

 

 

 

 

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