El cierre de la frontera, en medio de una tensión política regional, ha puesto nuevamente en el tapete algunos asuntos que mediáticamente no se tratan con frecuencia, como el inflamable asunto de la gasolina. La población demanda que se tomen medidas, mientras que en el escenario político, los actores de oposición evitan el tema en su discurso y los del gobierno bolivariano olvidan las promesas expuestas el año pasado.
Estructuralmente, la situación de los combustibles derivados del petróleo se mantiene, caracterizada por el contrabando a los países vecinos y para el uso en actividades ilegales en el territorio nacional (como la minería), a un precio irrisorio. En las zonas fronterizas hay largas filas para adquirir el producto, se presume dificultades para adquirir los insumos para la manufactura, por lo que eventualmente se importa; y el Estado sigue financiando la utilidad a los privados (dueños o administradores de las estaciones de servicios) para que provean los combustibles.
La falta de una política viable y coherente en relación a los combustibles en Venezuela está convalidando por la vía de los hechos y manteniendo las condiciones para que continúen las mafias tanto en el ámbito público y privado, que se enriquecen a un ritmo acelerado; y por otro lado que se siga subsidiando, es decir que todos los venezolanos y venezolanas asumamos el costo del consumo indiscriminado. En consecuencia, estimo que los interesados en el estado de cosas actual tienen la suficiente influencia para que la situación siga igual.
Solo escasos dirigentes políticos se atreven a exponer algunas ideas cada tanto; así que siguen pendientes medidas tales como: el ajuste razonable de los precios de los combustibles, control efectivo para evitar el contrabando, automatización de los procesos de pago, diversificar los proveedores de insumos para la industria, establecimiento de controles, bandas para desestimular el consumo excesivo y eventualmente eliminación de las licencias para la administración privada de las estaciones de servicio y que esta pase a los trabajadores y trabajadoras dentro de un plan rector de garantía de abastecimiento.
*Sociólogo
