Antonio Elizalde
Hay momentos en que la conciencia moral obliga a hablar con claridad, incluso cuando el terreno es incómodo. Quiero partir estableciendo algo sin ambigüedades: no comparto ni simpatizo con el régimen iraní. Su estructura teocrática, su autoritarismo, la represión sistemática de derechos humanos y los crímenes cometidos por sus aparatos de seguridad son hechos que merecen condena categórica. Lo fueron en el atentado contra la AMIA en Argentina, lo son en la represión sangrienta de los últimos levantamientos, y lo seguirán siendo mientras persista un sistema político que niega libertades básicas.
Pero reconocer esa realidad no me obliga —ni debería obligar a nadie— a aceptar sin cuestionamiento la intervención extranjera, ni mucho menos la legitimación de asesinatos selectivos cometidos por potencias que actúan al margen del derecho internacional. Que uno rechace un régimen no significa que deba aplaudir que otro país se arrogue el derecho de decidir quién vive y quién muere en su territorio.
El problema moral de la “guerra sin reglas”
El reciente atentado que eliminó a buena parte de la dirigencia iraní no puede normalizarse. No puede naturalizarse que Estados —sean Estados Unidos, Israel o cualquier otro— violen tratados, normas de guerra y principios básicos de convivencia internacional, recurriendo incluso al engaño para asesinar a personas con las que, horas antes, estaban negociando. Ese tipo de acciones no solo erosiona el derecho internacional: erosiona la idea misma de humanidad compartida.
Lo inquietante es la reacción mediática global. La cobertura dominante oscila entre la justificación tácita y la indiferencia. Se instala una tolerancia peligrosa, una aceptación silenciosa de que “así funciona el mundo”, como si la ley del talión fuera un principio válido para las relaciones internacionales. Hannah Arendt lo advirtió: cuando el mal se vuelve banal, deja de escandalizar y empieza a administrarse como si fuera parte del paisaje.
Cuando el poder se cree autorizado por sí mismo
El trasfondo es aún más inquietante: hay actores que parecen convencidos de que su poder les otorga una misión casi divina. Que pueden usar cualquier medio para alcanzar sus fines. Que su seguridad, sus intereses o su visión del mundo justifican la eliminación física de otros. Esa lógica —la del fin que justifica los medios— es incompatible con cualquier ética que aspire a llamarse humana.
En Occidente aprendimos, al menos en el plano teórico, que no todo medio es legítimo, incluso cuando el objetivo pueda parecerlo. Cuando ese principio se abandona, lo que emerge no es un orden más seguro, sino la ley de la selva, donde el más fuerte impone su voluntad sin límites ni contrapesos. Y en ese escenario, da lo mismo si el poderoso es “bueno”, “malo”, democrático, autoritario o psicopático: lo que queda destruido es la noción de igualdad moral entre seres humanos.
La jerarquía implícita de las vidas
Hay un último punto que revela la profundidad del problema. La indignación global se enciende con rapidez ante ciertos muertos —los que pertenecen a determinados países, religiones o alianzas— mientras otros quedan relegados al silencio. Se llora con razón por las víctimas en Israel, pero casi no se menciona a los 150 o 180 niños muertos en una escuela en Irán. ¿Hay vidas que valen más que otras? ¿Hay muertos que merecen más atención que otros?
Esa asimetría moral es intolerable. Y es precisamente allí donde se juega la posibilidad de una ética universal.
La pregunta que queda abierta es incómoda pero inevitable: ¿cómo reconstruir un marco de principios que limite el poder, que proteja la vida humana sin distinciones y que impida que la violencia se normalice como herramienta política?
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