Venezuela, en manos del ineficaz y corrupto socialismo del siglo XXI y de la oposición macartista de la Asamblea Nacional (AN), ha llegado al peor estado de confusión, ilegalidad y traición de toda su historia republicana. Los poderes públicos nacionales, por una u otra razón, carecen de la legitimidad y el consenso necesarios para poder actuar.
Hoy tenemos un Presidente en Miraflores, que controla los hilos nacionales del poder, pero electo en condiciones lamentables que sus adversarios no aceptan y que por tanto consideran ilegítimo. Tenemos otro Presidente, impuesto por fuerzas extranjeras, principalmente de EEUU, al que se suman la mayoría de los países latinoamericanos y la Unión Europea, por lo que su legitimidad es muy dudosa para cualquiera que analice la situación, sin la carga emocional que todo enfrentamiento conlleva. Serían entonces, para los involucrados en el enfrentamiento, dos presidentes ilegítimos.
Ninguno de estos presidentes se ha juramentado ante la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. Nicolás Maduro acudió al TSJ haciendo uso de una interpretación particular del texto constitucional, lo que no le da legitimidad ante sus adversarios. En el caso de Juan Guaidó, no se entiende por qué no lo ha hecho ante la Asamblea Nacional, que lo juramentaría sin limitaciones. Menos se entiende que los diputados no le exijan juramentarse y que le permitan el exabrupto de ser Presidente de la Asamblea y Presidente de la República, al mismo tiempo. Juramentarse y dejar la Presidencia de la Asamblea no le daría legitimidad ante el gobierno, pero haría mucho más coherente su discurso de respeto a la Constitución.
Tenemos dos tribunales supremos de justicia ilegítimos. El gubernamental por haber incorporado unos magistrados nombrados entre gallos y medianoche en diciembre de 2015, antes de la toma de posesión de la AN electa el 6 de ese mes. El otro, por autoproclamarse TSJ con solamente los magistrados designados por la AN, para sustituir a los nombrados en forma apresurada ya señalados y conocidos como “magistrados express”. Ninguno de estos dos organismos se ajusta a lo ordenado en el texto constitucional. Sus partidarios, sin embargo, no ven lo que es obvio y se limitan a autoengañarse y tratar de engañar al resto de los venezolanos.
Algo similar ocurre con la Fiscalía General de la República. Tenemos dos fiscales: una actuando en el exterior, luego de ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el otro designado por este organismo. La primera, en opinión del gobierno, actúa ilegítimamente pues no lo hace en el país; el segundo, según la oposición tiene ilegitimidad de origen, al haber sido nombrado por la espuria ANC. Y esto nos lleva a la consideración de la existencia de dos órganos legislativos: la AN y la ANC. La primera con legitimidad de origen, pues fue electa en comicios reconocidos por todos, pero para el gobierno ilegítima desde el inicio de sus actividades, al asumir la destitución del presidente Maduro como objetivo de sus funciones legislativas, algo que no está planteado en la Constitución.
La ANC es considerada ilegítima en su origen y en su funcionamiento supraconstitucional. No fue convocada como lo dice la Constitución por la vía de un referendo popular, sus bases no fueron aprobadas por votación y su elección violentó el principio de “un ciudadano un voto”, a través de un mecanismo corporativo inconstitucional. Se agregan hoy la ilegitimidad de los embajadores: los designados por el gobierno de Nicolás Maduro, ante países que no lo reconocen como Presidente, y los designados por Juan Guaidó, a quien se considera ilegítimo por asumir el cargo sin que la causa de esta decisión esté señalada en el artículo 233 de la Constitución.
El enfrentamiento violento entre ambas facciones es lo que tenemos enfrente. Agravado por la posibilidad de una guerra por invasión extranjera. El pueblo, a pesar de haber expresado su rechazo al gobierno de Maduro, no ha sido consultado sobre las vías para resolver esta pugna. La decisión no puede ser dejada en manos de un grupito al que no le importan los daños provocados. Esta es una decisión del soberano quien debe señalar el camino. No son Trump, Maduro, Guaidó, ni Cuba, quienes deben decidir. Somos nosotros.
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