Bogotá, 5 mar (EFE).- El proceso por presunto fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que estuvo en detención domiciliaria más de dos meses, dio este viernes un giro con la decisión de la Fiscalía de pedir su preclusión, pero el caso aún no quedará cerrado sino en manos de un juez que será el que decida qué camino seguir.
Uribe -que hasta agosto era senador por el Centro Democrático, partido del presidente colombiano, Iván Duque- tiene más de un centenar de procesos ante la Justicia colombiana por actuaciones que van desde su proceder cuando era gobernador del departamento de Antioquia hasta su Presidencia, pero el caso actual es el más avanzado, aunque paradójicamente sea por un delito de los menos graves.
Uribe permaneció, desde el 4 de agosto y hasta el 10 de octubre, 67 días en detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», convirtiéndose, por orden de la Corte Suprema, en el primer expresidente en ser detenido, aunque de forma preventiva, en el país.
Sin embargo, en una decisión «cantada», el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, solicitó hoy ante un juez del circuito la preclusión del caso contra Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó «no tienen la característica de delito».
El senador de izquierdas Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo a Efe que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue «algo legal».
«Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe», dijo el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA).
LA DECISIÓN
Jaimes -nombrado por el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, cercano al presidente Duque que a su vez es ahijado político de Uribe- justificó su decisión al considerar que las conductas con las que se le vinculó al expresidente «no tienen la característica de delito».
«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe», dijo Jaimes en un comunicado.
Al poco tiempo de conocerse la decisión, que no tomó por sorpresa a nadie, el senador Cepeda anunció en una conferencia de prensa que demandará a Jaimes por el presunto delito de prevaricato porque la decisión favorece a Uribe apartándose de la ley.
La querella será presentada en los próximos días por Cepeda y por el ex fiscal general de Colombia Eduardo Montealegre, que hacen parte del proceso en calidad de víctimas.
«Anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet y de mis abogados presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión», dijo el congresista en una rueda de prensa virtual.
Cepeda basa su demanda en que Jaimes supuestamente favoreció los «intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe».
Detalló que Jaimes ha pretendido invalidar lo realizado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas «beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso».
Por su lado, el expresidente Uribe dijo en redes sociales que lo ocurrido hoy con su caso es un «paso positivo» y agradeció a la gente las expresiones de «solidaridad».
LEJOS DEL FINAL
La decisión de Jaimes, lejos de ponerle punto final a este caso, abre un abanico de posibilidades porque las partes serán citadas por un juez que escuchará las tesis de cada uno. Para esa cita no hay todavía una fecha definida.
En esa dirección la Fiscalía dijo que sus conclusiones para pedir el cierre del sumario «serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto» y que «podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados».
Y, además, recordó que es de su resorte «solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar».
Es previsible que sea cual sea la decisión del juez, una de las partes quede a disgusto y apele la decisión al Tribunal Superior de Bogotá, que puede tardar años en pronunciarse al respecto.
Mientras tanto, la lluvia de reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar e incluso hay llamados a realizar plantones de apoyo a Uribe y a Jaimes, en tanto que otros consideran que ese pedido de preclusión está por fuera de la ley.