Caracas, 27 oct (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela citó para el próximo lunes a tres de los organizadores de las primarias opositoras del pasado domingo, para que declaren en calidad de «investigados», luego de las denuncias presentadas por el Gobierno por un supuesto fraude cometido en estas elecciones, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
El funcionario dijo, a través de la red social X (antes Twitter), que deberán comparecer ante investigadores especializados en legitimación de capitales los ciudadanos Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi, presidente, vicepresidenta y miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), respectivamente, que organizaron la contienda sin ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE).
#AHORA en atención a la denuncia realizada ante el @MinPúblicoVEN se emite las respectivas citaciones a los ciudadanos Jesús Maria Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova para que acudan a la Sede Principal del Ministerio Público el día Lunes 30/10/23, en calidad de… pic.twitter.com/2zxBYLOQFD
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 27, 2023
La Fiscalía anunció el miércoles la apertura de la investigación contra la CNP, en atención de las denuncias hechas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, según las cuales el número de participación, de casi 2,5 millones de personas, fue abultado.
El ente fiscal supone que el domingo se incurrió en, al menos, cuatro delitos: usurpación de funciones; usurpación de identidad, partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron; legitimación de capitales, por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda, y asociación para delinquir.
Por ello, Saab ha dejado claro que también serán citados los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron estas votaciones de manera autogestionada, en las que la exdiputada María Corina Machado arrasó con el 92,35 % de los votos.
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Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.
