Bogotá, 22 ene (EFE).- La Fiscalía de Colombia decidió reactivar las órdenes de captura contra los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenara la suspensión de los diálogos por los «crímenes de guerra» que esa guerrilla está cometiendo en el Catatumbo.
«El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del presidente», señala una resolución emitida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La Fiscalía había levantado las órdenes a 31 miembros del ELN, entre ellos los miembros de su cúpula, alias ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ o ‘Aureliano Carbonell’, para que en noviembre de 2022 se reanudaran las negociaciones de paz con el Gobierno de Petro.
Sin embargo, las negociaciones, que estaban congeladas desde hace meses por las desaveniencias entre las partes, se suspendieron el viernes por orden de Petro después de que el ELN emprendiera el día anterior una ofensiva contra una disidencia de las FARC en el Catatumbo que ha dejado más de 80 muertos, incluidos líderes sociales y firmantes de paz, y ha provocado el desplazamiento de 32.000 personas, además de secuestros y confinamientos.
La revocación de los beneficios de suspensión de las órdenes de captura, según la Fiscalía, responde a «la gravedad de los actos criminales» perpetrados por la guerrilla.
«La violencia desatada desde el pasado 16 de enero, que originó la actual tragedia humanitaria y múltiples delitos, además de mantener en riesgo la vida e integridad de la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares, se la atribuyó en la red social X el ELN a través de uno de sus máximos jefes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García'», explicó el ente acusador en un comunicado.
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La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló el martes que el número de desplazados tras seis días de ofensiva ascendió a 32.000, con la mitad de ellos en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, al que pertenece el Catatumbo, zona que también comparte frontera con Venezuela.
Desde que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Sin embargo, Marín precisó ayer que el Instituto de Medicina Legal ha recibido apenas 35 cuerpos sin vida, de los cuales dos aún no han sido identificados.
Esto porque la situación en muchas zonas rurales sigue siendo incierta debido a que no se puede acceder, ni siquiera por parte de las Fuerzas Militares que se están limitando a llevar ayuda humanitaria y a rescatar a personas heridas o en riesgo.
La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de «la situación de riesgo» para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.
Por la situación, el presidente anunció el lunes que se iba a declarar el estado de conmoción interior y una emergencia económica, medidas para las cuales aún no ha expedido los decretos.
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