Buenos Aires, 17 jun (EFE).-La Fiscalía argentina se mostró en contra de que se conceda prisión domiciliaria a Cristina Fernández, tras la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta argentina (2007-2015).
La Fiscalía solicitó, en un escrito difundido este martes, el rechazo del pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa, una solicitud que deberán resolver los jueces del Tribunal Oral 2.
«Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley», señalaron los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola.
El dictamen se conoce un día antes de que se cumpla el plazo de cinco días que la Justicia le otorgó a Fernández para ponerse a disposición de la Justicia y comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras la resolución de una causa conocida como ‘Vialidad’ en la que fue hallada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno.
Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario.
El pedido se fundó en la edad de Cristina Kirchner, 72 años, junto a su rol de ex jefa de Estado, y sostuvo no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo -además- como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
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En su posicionamiento, la Fiscalía argumentó que «no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria».
Se adelantó, además, a una posible resolución contraria por parte del Tribunal Oral 2 y dejó constancia de sus dudas sobre el domicilio elegido por la exmandataria para cumplir su condena.
«Esta parte desea dejar asentadas sus dudas respecto de si el domicilio propuesto, en función de su ubicación, emplazamiento concreto de la unidad funcional en el edificio y de la numerosa concentración de personas a su alrededor, que es de público conocimiento, alberga las condiciones de seguridad suficientes», expresó la Fiscalía.
La defensa, en su presentación, había referido que el uso de tobillera electrónica por parte de la exjefa de Estado devendría, según su interpretación, completamente innecesario.
«Ante el hipotético supuesto de que se haga lugar a lo peticionado por la defensa, este Ministerio Público Fiscal se va a oponer a esa propuesta, en razón de que el uso de un dispositivo electrónico de control se trata de una exigencia legal», dejaron en claro los fiscales.
Se espera que el Tribunal Oral 2 se expida pronto sobre el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa.
En principio, Fernández debería presentarse este miércoles ante los tribunales federales para ponerse a disposición de la Justicia y empezar a cumplir su condena.
Una de las posibilidades, no obstante, es que a Fernández se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria este martes por medios electrónicos, con el objetivo de evitar su traslado desde Constitución hasta los tribunales federales y la multitudinaria caravana que la escoltaría.
No obstante, desde el Partido Justicialista (PJ, peronismo) aseguraron que la marcha se realizará incluso si la Justicia resolviera otorgarle a Fernández la prisión domiciliaria antes del miércoles.
Fernández fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
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