Redacción Medioambiente, 8 mar (EFE).- La minería para la extracción de minerales raros, como el coltán o el litio, empleados en el desarrollo tecnológico de la industria militar, automotriz, energética o de dispositivos médicos, está en el centro de las disputas geopolíticas de las grandes potencias y es una actividad con altos costes para las comunidades locales y el medioambiente.
Esta semana, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó de la muerte de más de 200 personas, incluidos unos 70 niños, en un yacimiento de coltán, tras un derrumbe provocado por unas lluvias torrenciales ocurrido en la zona minera de Rubaya, donde en enero fallecieron otras 460 personas.
La RDC tiene las mayores reservas de coltán, un mineral estratégico, muy demandado, escaso y fundamental en la industria tecnológica para teléfonos inteligentes, ordenadores o consolas, entre otros usos.
La extracción de coltán genera conflictos socieconómicos y la violación de derechos fundamentales por la utilización de niños y mujeres en las actividades mineras y afecta a los seres vivos y el medioambiente, según diferentes ONG de derechos humanos y ambientales.
El Gobierno de la RDC ha denunciado «las precarias condiciones de explotación impuestas a las poblaciones civiles en estas zonas fuera del control del Estado», áreas dominadas por grupos rebeldes que se disputan las explotaciones del mineral.
Reservas en Latinoamérica
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado a principios de marzo, señala que Latinoamérica «tiene el 25 % de las reservas de metales raros», entre ellos, «el 45 % del litio y el 35 % del cobre».
Asegura que el litio, uno de los minerales más utilizados en la fabricación de baterías, podría potenciar el crecimiento de la región, y que se prevé que «la demanda global aumente entre un 470 % y un 800 % para 2050».
La extracción de litio provoca daños ambientales y consecuencias para las comunidades locales en Bolivia, Argentina o Chile, donde, de acuerdo a ONG ecologistas, grandes extensiones de ecosistemas están afectados por esta actividad, como el salar boliviano de Uyuni.
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Asimismo, con el objetivo de ampliar las zonas mineras en Argentina, el presidente de ese país, Javier Milei, impulsa la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en 2010, una normativa pionera en Latinoamérica en la protección de los glaciares y de zonas periglaciales como reservas estratégicas de agua.
Cuatro relatores de Naciones Unidas han expresado recientemente en una misiva su preocupación por «el posible impacto que dicha iniciativa podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos».
En Ecuador, tras la aprobación en referéndum en 2023 del cese de la extracción de petróleo en el Parque Nacional de Yasuní, se ha apostado por la minería. Así, a finales de febrero, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una nueva ley de minería del gobierno de Daniel Noboa, con la oposición tajante de los pueblos indígenas.
La ley pretende generar ingresos fiscales y divisas que contribuyan a la sostenibilidad y estabilidad del Estado ecuatoriano, pero que ha generado controversia al evadir la consulta previa obligatoria para actividades mineras y «flexibiliza los controles ambientales en favor de las grandes empresas», según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Además, ha generado controversia al permitir la retirada de material pétreo en el 3 % del territorio que no forma parte del Parque Nacional de las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978.
En España, la extracción de litio ha generado gran inquietud a los vecinos de Cáceres, por un proyecto que, de aprobarse, estaría a escasos dos kilómetros de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Los colectivos AmA Cáceres y Salvemos la Montaña han informado de que presentarán nuevas alegaciones contra el permiso de investigación minera (que podría tener carácter extractivo), al afectar a un acuífero subterráneo que es una de las principales reservas de agua de esta ciudad extremeña y encontrarse en una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
En Galicia, los proyectos de Corcoesto (oro), Touro (cobre), San Finx (volframio), Doade (litio), Penouta (coltán), Varilongo (volframio), Corcel (cobalto), Silán (feldespato) y San Juan (volframio) han sido «tumbados o paralizados» a través de la movilización social encabezada por el activismo medioambiental, según Ecologistas en Acción.
