Caracas, 12 ene (EFE).- El sector de la construcción en Venezuela, que cayó un 98,5 % desde 2012, confía en recuperarse este año con la llegada de inversiones en la industria petrolera y en instalaciones eléctricas, escuelas y hospitales, sectores a los que se prevé que se dirijan parte de los fondos actualmente bloqueados en el exterior en medio de una incipiente flexibilización en las sanciones económicas.
El 2023 es un año «distinto» a los anteriores, según el presidente de la Cámara de la Construcción (CVC), Enrique Madureri, quien ve como una buena noticia para el sector el permiso otorgado a la estadounidense Chevron para reactivar operaciones, lo que permite «reinversiones para la recuperación de pozos que están inhabilitados o trancados».
«Por ejemplo, en el caso de Chevron, tienen 18.000 pozos inhabilitados y ellos empiezan ahora con una política de recuperación de toda esa infraestructura que está medio olvidada, y esa es una gran oportunidad para el sector de la construcción», dijo a EFE.
De igual forma, en el sector energético, el empresario señaló que Cardón IV, una empresa conjunta entre la española Repsol y la italiana Eni ubicada en el Golfo de Venezuela, «ya está haciendo las inversiones necesarias para ampliar la producción».
OTRAS INVERSIONES
El presidente de la CVC aseguró que el acuerdo suscrito en noviembre pasado entre el oficialismo y la oposición, en el marco de la reanudación de las negociaciones tras un año suspendidas, para liberar 3.000 millones de dólares retenidos en el sistema financiero internacional también beneficiará al sector, pues «casi todo va para inversión de infraestructura».
Los negociadores del diálogo han adelantado, con algunas inconsistencias numéricas, que el dinero será usado para reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales, así como para aumentar la generación eléctrica, entre otros objetivos.
El CVC ha presentado al Gobierno de Nicolás Maduro una propuesta sobre lo que se debe atender cuando el país disponga de dinero suficiente para invertir en infraestructura, y que prioriza la recuperación de plantas eléctricas «que están paradas», plantas potabilizadoras de agua, la atención del transporte superficial y urbano y la refacción de escuelas y hospitales.
Sin embargo, aclaró que 3.000 millones de dólares no son suficientes para cubrir el plan nacional de mantenimiento, que establece una inversión de 10.000 millones de dólares en tres años.
UN SECTOR DEPRIMIDO
En la última década, el número de trabajadores en el sector se redujo de 1,3 millones a 30.000 empleados, una disminución del 97 %.
El sector ha perdido al menos la mitad de las empresas que lo conformaban hasta 2012, cuando había más de 2.000 compañías, según la CVC.
La caída de la construcción, que afectó también la industria de las materias primas, principalmente del cemento y del acero, se aceleró a partir de 2017 con el comienzo de la hiperinflación, de la que el país salió en diciembre de 2021, y se pronunció con la pandemia de la covid-19.
La producción de cemento cayó de 10,2 millones de toneladas en 2012 a 1,3 millones en 2021, mientras que la producción de acero líquido de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) pasó de 4,30 millones de toneladas a 200.000 toneladas al cierre de 2020, indicó la CVC.
FIN DE LA CAÍDA
El pasado diciembre, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el sector creció un 35,45 % entre enero y septiembre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021.
«Esta significativa recuperación de la actividad fue el resultado del incremento experimentado en las obras demandadas tanto por el sector público (un 155,68 %) como por el privado (un 49,79 %). La construcción de obras no residenciales resultó fundamental en los resultados de la actividad», dijo el BCV en su reporte.
Por su parte, Madureri señaló que, en los últimos tiempos, el «poco movimiento» de la construcción «se ha concentrado en construcciones comerciales, industriales y muchas remodelaciones».
Agregó que para que la construcción pueda impulsar aun más su actividad es necesario que se reformen las leyes que rigen al sector, que no permiten, entre otras cosas, las operaciones de compraventa, preventa y alquileres en divisas, una prohibición que es burlada por buena parte de los arrendatarios que buscan proteger esas rentas de la devaluación de la moneda local.
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