Miami, 14 dic (EFE).- Marissel Descalzo, la abogada de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, dijo este miércoles a EFE que sus clientes «van a seguir peleando» para que se reconozca su inocencia.
El jurado del juicio en EE.UU. al matrimonio extraditado desde España los declaró el martes 13 de diciembre culpables de delitos de lavado de dinero y el próximo 21 de febrero el juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros de Miami), dictará la sentencia.
Pero antes, según dijo a EFE la abogada defensora, que este miércoles visitó a sus clientes en la prisión y los encontró «fuertes», recurrirán el veredicto del jurado.
Descalzo indicó que tienen 14 días a contar desde el 13 de diciembre para notificar la apelación.
Sobre cuál será el argumento de la apelación subrayó que «es muy pronto» para decirlo.
Marissel Descalzo confirmó que Díaz Guillén fue hallada culpable de dos cargos y absuelta de uno y su esposo fue declarado culpable de los tres cargos que se le imputaban.
Díaz Guillén, extraditada desde España en mayo pasado, y Velásquez Figueroa, que corrió la misma suerte en octubre, fueron reclamados por Estados Unidos para responder de acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de corrupción en Venezuela relacionados con el sistema de control de cambios.
En los últimos meses los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carece de «jurisdicción extraterritorial» en este caso,
Tanto Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española y fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Aparentemente sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.
GORRÍN SIGUE EN LA MIRA
El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, es buscado por la justicia estadounidense en relación con los mismos hechos por los que el matrimonio Díaz-Velásques.
Según su ficha en la lista de prófugos de la justicia de EE.UU., Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
El extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade Cedeño, que antes de ese cargo fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EE.UU. después de su muerte, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a tres años de prisión en noviembre de 2019 por conspiración para lavado de dinero.
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