Caracas, 14 feb (EFE).- Una treintena de miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela rechazaron este miércoles la detención de la activista Rocío San Miguel el pasado viernes, un hecho que catalogaron como un «ataque feroz» al espacio cívico y a los defensores de derechos humanos.
Durante una concentración en Caracas, el grupo, encabezado por las ONG Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz, Justicia Encuentro y Perdón (JEP), Civilis DD.HH. y el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), exigió al sistema regional y universal de protección tomar medidas para comprobar el estado de salud de la activista, quien cumple cinco días privada de libertad, después de que las autoridades la vincularan una presunta trama terrorista.
Para la abogada Martha Tineo, representante de JEP, se trata de un «ataque feroz e inclemente» contra una persona y su familia, que demuestra que en Venezuela «sí se comete persecución política» y se «condena a la disidencia».
Por su parte, Claudia Carrillo, vocera de Cofavif, aseguró que la detención de San Miguel y de cinco miembros de su familia -cuatro de ellos liberados este martes con medidas cautelares- demuestra un patrón que incluye «el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas».
«El aislamiento prolongado, la incomunicación a la que ha sido sometida la doctora Rocío San Miguel y su familia representan formas de tratamiento cruel e inhumano», remarcó.
El caso de San Miguel, reportó Cofavic, se suma a los 2.227 ataques a personas defensoras de DD.HH contabilizados por esta organización entre los años 2018 y 2023.
Para los representantes de las ONG, se violó el «debido proceso», pues su paradero fue desconocido hasta el domingo, cuando el fiscal general, Tarek Willian Saab, admitió su detención y, posteriormente, le fue negada información a sus abogados sobre la audiencia de presentación, en la que no pudieron representarla, según denunciaron.
San Miguel fue presentada este lunes ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a cinco personas más, entre ellos, dos hermanos, su hija, el padre de esta, y una expareja, todos reportados como «desaparecidos» por sus abogados.
Según informó el fiscal general, tanto San Miguel como sus allegados están «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era atentar contra el mandatario venezolano y otras autoridades del Estado.
