Encontrar en el pasado adeco copeyano a algún venezolano, de la tolda política que fuera, que en forma descarada patrocinara una invasión a nuestro país, era algo muy difícil. Algunos seguramente lo pensarían en ciertas circunstancias, pero se cuidaban muy bien de no decirlo en público y mucho menos de hacer alardes alrededor de su posición o de burlarse del supuesto papel ridículo, que harían nuestras fuerzas armadas en una confrontación con el ejército gringo. A nadie se le hubiera ocurrido ponerse al lado de Colombia en un supuesto enfrentamiento con el ejército venezolano.
Y esto a pesar de que tuvimos guerrillas, pequeñas y de fuerza insuficiente como para constituir un peligro para el régimen existente, pero que llegaron a ocasionar muertes de soldados y de combatientes guerrilleros, que de alguna forma estuvieron relacionadas con la revolución cubana. Fue un corto período donde hubo acciones violentas urbanas con muerte de funcionarios policiales, algunos sabotajes y un intento grave de magnicidio cometido contra Rómulo Betancourt. Pero nada de ello condujo a la crispación hoy existente, que ha llevado a unos cuantos a conductas tipificadas en cualquier parte del mundo como traición a la patria.
Que unos venezolanos opositores en el extranjero, perseguidos o no, asumieran las conductas antinacionales de Julio Borges, Antonio Ledezma, Diego Arria, Carlos Vecchio y muchos otros, es algo que yo personalmente no recuerdo del pasado. Que un grupo de abogados venezolanos, que se autodenominan Tribunal Supremo legítimo, cuando nadie los eligió con ese fin, se reúnan en instalaciones oficiales colombianas, con apoyo total de un gobierno que al mismo tiempo se queja del respaldo que dice tienen el ELN y la disidencia de las Farc de parte del gobierno venezolano, es más que inaudito; es aberrante.
Estamos en un país donde su Poder Legislativo, el primer poder del Estado y uno de los custodios de la soberanía popular, aprueba con bombos y platillos que los ejércitos de naciones de nuestro continente actúen contra el territorio venezolano, su espacio aéreo, su plataforma continental y su pueblo. Que arremetan contra nuestros soldados y oficiales, que los derroten en combates ocasionándoles muertos y heridos, que también se producirán en la población civil aun siendo no beligerante. Que destruyan la infraestructura del Estado, sus represas, sus centrales eléctricas, sus vías de comunicación, sus puertos y sus industrias.
Y quienes se dicen alternativa a la fracasada claque gubernamental, no tienen ningún empacho en recibir públicamente decenas de millones de dólares del gobierno de EEUU, para el financiamiento de sus actividades políticas internas y externas, en clara demostración de ser realmente unos mercenarios lamentablemente nacidos en el país. Esto es algo inaudito, asombroso por lo que revela de una dirección política, que está dispuesta a acabar con su patria y sus compatriotas, con tal de hacerse con el control del Estado. Jamás, que yo sepa, se ha visto en el país una actitud de tal grado de inmundicia y que no ha concitado el total y rotundo rechazo que ha debido.
Sin reducir en nada su responsabilidad por estas conductas antinacionales, hay también que señalar que el gobierno tiene responsabilidad en lo denunciado, pues la represión generada, su sectarismo, sus arbitrariedades, cinismo e indolencia, han producido un alto grado de desesperación en gente que no ve salidas a la profunda crisis actual. El nivel de enfrentamientos ha enloquecido a muchos y ha destapado posiciones y conductas, que habían permanecido latentes y hoy afloran desvergonzadamente.