En la opinión del Premio Nacional de Ciencias, ex ministro Víctor Álvarez, en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, se seleccionan las candidaturas dentro de cada partido o coalición que van a participar en la elección general de octubre. Como todas las coaliciones presentaron una candidatura única, las PASO constituyeron una gran encuesta preelectoral y su resultado es un mal augurio para las aspiraciones de Macri.
Álvarez cree que los sondeos de opinión esperaban una diferencia a favor del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández, entre 3 y 7 puntos. Sin embargo, en las primarias del 11 de agosto, el Frente de Todos logró el 47,36% de los votos, frente a un 32,23% que obtuvo el movimiento Cambiemos de Macri.
En Argentina, para ganar en la primera vuelta la Presidencia hay que sacar el 45% de los votos, o más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el rival más cercano. Por lo tanto, si se mantiene la tendencia del 11 de agosto en los comicios del 27 de octubre, Alberto Fernández ganaría la presidencia sin necesidad de pasar a una segunda vuelta. La abrumadora ventaja obtenida por el Frente de Todos, de 15 puntos parece ya inalcanzable.
¿Por qué «fracasó» Macri?
Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos largamente congeladas, cuya recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste.
Argumenta que las tarifas de los servicios públicos por años subsidiadas, se ajustaron sin sincronizarlas con la mejora en los ingresos de la población. En consecuencia, no había como pagar el aumento sin afectar otros rubros del presupuesto familiar y de las pymes. En la segunda mitad de su gobierno, Macri negoció un préstamo con el FMI que significó aplicar un programa de ajuste económico tan fuerte como el que se ejecutó entre 2001-2002. El gobierno de Cambiemos optó finalmente por recurrir al endeudamiento externo el cual le fue concedido por el FMI, pero condicionado a la aplicación de un programa de ajustes cuyo costo social y económico se tradujo luego en el costo político que pagó Macri en las PASO del 11 de agosto.
Álvarez sostiene que el gasto público que más se ajustó fue el del rubro subsidios económicos que se destinaba a mantener tarifas públicas artificialmente baratas. Es decir, se aumentaron las tarifas de los servicios públicos pero no se redujeron los impuestos, con lo cual el mayor peso del ajuste recayó sobre la clase media, las Pymes y los trabajadores. El país no escapó de la inflación. El creciente déficit en la cuenta corriente, el elevado gasto público, el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, la recuperación de los precios del petróleo en un país importador de combustibles, así como la caída de las exportaciones agropecuarias, se conjugaron para erosionar la base de apoyo político y social de Macri.
Populismo tardío de Macri
Desde que se conocieron los resultados de las PASO el valor del peso argentino se ha hundido y el precio del dólar se ha disparado. El riesgo país también ha escalado. Las acciones de las empresas argentinas perdieron en cuestión de días buena parte de su valor. El país tiene una deuda cercana al 100% del PIB, fuerte recesión y alta inflación. Las tasas de interés superaron el 70%. Y todo esto se refleja en una nueva escalada de los precios debido al encarecimiento del componente importado.
Álvarez explica que para compensar el impacto negativo de las medidas de ajuste sobre la clase media, Pymes, trabajadores y sectores más vulnerables, Macri anunció tardíamente un conjunto de medidas compensatorias y temporales que han sido recibidas como medidas electoreras, sobre todo porque las mismas tendrán una vigencia de tres meses, justo hasta octubre cuando están previstas las elecciones presidenciales.
Desconcertado por el inesperado resultado electoral, Macri se desdijo de su programa original y anunció medidas paliativas que han sido consideradas por los analistas como la expresión de un “populismo tardío” para colocar algo de dinero en los bolsillos de la gente.
Álvarez es de la idea que la viabilidad de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de Argentina. Los problemas económicos heredados del gobierno saliente no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.
Ante un programa de ajuste con un impacto antipopular, el chavismo en la oposición proyectaría en el nuevo gobierno la responsabilidad exclusiva de los graves problemas que la revolución bolivariana generó. En un país de memoria corta, en las próximas elecciones el chavismo podría ser llevado nuevamente a gobernar, tal como puede pasar en octubre en Argentina.
Cualquier gobierno que sustituya al régimen de Maduro – recalca Álvarez – recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. A las medidas de ajuste económico se les atribuye un impacto social y costo político que puede significar para el nuevo gobierno la pérdida de las parlamentarias. Y al no contar con el respaldo de la AN, se habrá producido un cambio político pero no se habrá superado la crisis de gobernabilidad.
En efecto, insiste, para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas y teléfono, cuestión que no sería bien recibida en los hogares que han visto como su ingreso es devorado por la hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina con su impacto en las tarifas del transporte público; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para generar recursos que permitan repotenciar la deteriorada infraestructura vial.
El nuevo gobierno tendría que reestructurar toda la administración pública, fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas estatales que terminaron quebradas por la corrupción. Tendrá que acometer la reconstrucción de Pdvsa y deslastrarla del enorme peso de misiones que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una abultada nómina que se resistirá a perder su empleo y puede desencadenar una ola de conflictividad sindical y social que comprometería la gobernabilidad.
Álvarez cree que el nuevo gobierno se enfrentaría a un difícil dilema: si aplica las medidas de ajuste económico, el impacto social y costo político lo llevaría a perder las subsiguientes elecciones parlamentarias, temor que lo obligaría a posponer las medidas de ajuste económico hasta después de las elecciones; pero si pospone las urgentes medidas para superar la escasez y abatir la hiperinflación, el nuevo gobierno defraudaría las expectativas de cambio y de todas formas pagaría los costos de una alta abstención o votos en contra, con la inevitable pérdida de la mayoría parlamentaria.
«Más allá de la desesperación por salir del peor gobierno de la historia y del apuro de los aspirantes a la Presidencia de la República por instalarse lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica que es mejor convocar las elecciones presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde la gestión del presidente electo».
La oferta
El especialista sugiere que para evitar que un nuevo gobierno pierda rápidamente la confianza del pueblo, es necesario evaluar con sensatez la conveniencia de conformar un Gobierno de Coalición que haga el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste para sanear la economía.
La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir las sanciones financieras por incentivos económicos, a cambio de acordar en Barbados la conformación de un Gobierno de Coalición, cuya misión sería concertar y aplicar el programa de ajuste económico, reinstitucionalizar los poderes públicos, ofrecer incentivos para el desarme de las milicias y paramilitares, y convocar elecciones libres y con observación internacional de tal manera que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.