Praia, 8 oct (EFE).- La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, ha presentado una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde de aprobar la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos, informaron hoy sus abogados.
«El equipo de la defensa (…) tiene claro que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde cometió una serie de errores en su decisión del 7 de septiembre de 2021», afirmó el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro en un comunicado,al precisar que la solicitud se hizo el pasado 29 de septiembre.
En su fallo, el Constitucional juzgó «improcedente» el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición a EEUU, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero.
Según los letrados de Saab, en su sentencia el TC -máxima instancia judicial de Cabo Verde- omitió pronunciarse sobre algunas cuestiones importantes que la defensa había planteado en su recurso.
Por ejemplo, el equipo legal sostiene que, aunque el tribunal declaró que Saab, como objeto de la petición de extradición de EEUU, no podía presentar pruebas sobre los cargos imputados por ese país, el TC omitió pronunciarse sobre el derecho del empresario a presentar pruebas sobre otros aspectos de la extradición, como su «inmunidad diplomática» o la «motivación política» en su caso.
Asimismo, la defensa cree que el TC debería responder a otra cuestión, pues considera inconstitucional la decisión previa del Tribunal Supremo del país africano de no aceptar como vinculante el fallo contra la extradición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ordenó en diciembre de 2020 su «liberación inmediata».
«En base a estos y otros defectos fundamentales, (…) Álex Saab confía en que el TC conceda la petición de nulidad y dicte una nueva sentencia otorgando, al menos parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad y devolviendo el caso a los tribunales judiciales», señaló Pinto.
VARIOS INTENTOS LEGALES SIN ÉXITO
El vicepresidente del tribunal de la CEDEAO (bloque de países al que pertenece Cabo Verde), Gberi-Be Ouattara, lamentó el pasado día 5, en la Conferencia Anual de la Asociación de Abogados Africanos, que Cabo Verde no haya aplicado el dictamen de la corte regional.
«Cuando un Estado no ejecuta las decisiones de la corte, esto constituye un incumplimiento de sus obligaciones, así que los otros Estados pueden adoptar sanciones contra este Estado», dijo Ouattara.
También el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó el pasado junio que se frenara la extradición de Saab y se garantizaran sus derechos.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Con su veredicto del 7 de septiembre, el TC vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana.
Cabo Verde tampoco ha cumplido aún una orden del Tribunal de Barlavento que autorizaba el traslado del empresario desde la isla de Sal -donde está detenido- a la capital del país, Praia, para recibir atención médica especializada ante el deterioro de su salud.
Además, la defensa denunció este jueves que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a la esposa y las dos hijas de Saab para que lo puedan visitar, a pesar de que lo permite ese tribunal.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».