La Haya, 8 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) declaró este jueves que el expresidente filipino Rodrigo Duterte «está en condiciones» de afrontar el juicio, cuyo inicio está previsto para el 30 de noviembre, por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas» en Filipinas.
Los jueces concluyeron que Duterte, de 81 años, puede «ejercer de forma efectiva sus derechos a un juicio justo», en base a las conclusiones de un panel independiente de expertos, y en contra de la posición de la defensa, que cuestionó la capacidad cognitiva de Duterte para afrontar el proceso.
Los expertos determinaron por unanimidad que el exmandatario filipino, en detención en La Haya desde marzo de 2025, puede «comprender los cargos», seguir el procedimiento, entender las pruebas y dar instrucciones a sus abogados para preparar su defensa.
Sus abogados aseguraron el pasado mes que el exmandatario sufre un “deterioro significativo de la memoria” que le impide retener información reciente y recordar de manera fiable las cosas, unas limitaciones que, según la defensa, dificultan que entienda las acusaciones, examine el enorme volumen de pruebas o dé instrucciones adecuadas a sus letrados.
Duterte compareció ante la CPI el 16 de septiembre, por primera vez en persona desde su detención, después de haber renunciado hasta entonces a participar físicamente o por videoconferencia en las numerosas audiencias celebradas en el último año y medio por diferentes motivos.
Los jueces exigieron que su estado de salud sea vigilado de forma continua por el médico del centro de detención, situado también en la ciudad neerlandesa de La Haya, y señalaron que la duración de las sesiones del juicio podrá adaptarse “caso por caso” a sus circunstancias.
Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022 y antes alcalde de Dávao, está siendo procesado ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña contra las drogas durante sus años en el poder local y nacional.
La orden de arresto emitida por la CPI en marzo de 2025 concluyó que existían “motivos razonables” para creer que Duterte era responsable como presunto coautor indirecto del crimen de lesa humanidad de asesinato entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
La Fiscalía sostiene que hubo un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil y que Duterte habría tenido un papel central, incluso como presunto coautor indirecto.
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