La Haya, 12 mar (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) informó este miércoles de que ya tiene bajo custodia al expresidente filipino Rodrigo Duterte, contra quien emitió una orden de arresto por el crimen de lesa humanidad de asesinato en Filipinas.
No obstante, Duterte no ha ingresado aún en el centro de detención de la CPI, al que se espera que llegue en algún momento de esta noche y a cuyas puertas se concentraron unas 250 personas en su apoyo, con carteles donde se puede leer: “We love you, Tatay Digong” (Te queremos, Papá Digong), según pudo comprobar EFE. Digong es un apodo cariñoso de Duterte.
En una primera reacción, el fiscal de la CPI, Karim Khan, defendió en un comunicado que sus investigaciones son «independientes e imparciales» y celebró el arresto como «un avance importante en la búsqueda de la rendición de cuentas» en Filipinas por su «campaña contra las drogas» entre 2011 y 2019.
El avión que trasladó al exdirigente desde Filipinas hasta Países Bajos aterrizó en el aeródromo neerlandés cerca de las 16.55 de la tarde (15.55 GMT), tras hacer una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo.
La CPI hizo pública la orden de arresto contra Duterte, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo.
Los jueces indicaron que «existen motivos razonables» para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas «atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas», al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Estos «actos violentos» se cometieron, señala la CPI, como parte de «una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato».
Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones» y es «coautor indirecto» del crimen de asesinato.
«La Sala considera que existió un ‘ataque’ dirigido contra la población civil, llevado a cabo de conformidad con una política organizacional durante el período en el que Duterte dirigió el DDS, y posteriormente como política de Estado cuando ocupó el cargo de presidente», explicó la CPI.
Se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
El «papel central» que se le imputa incluye: el diseño y promoción de una política de exterminio de criminales; establecimiento y dirección del DDS; proporción de armas, vehículos y equipos a los perpetradores; orden directa de actos de violencia; la selección de funcionarios clave para ejecutar los crímenes; y la protección de los perpetradores de la justicia.
Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
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