Por: Carolina Jaimes Branger

Hay frases que nos hacen detenernos, incluso cuando vienen de alguien con quien no necesariamente coincidimos. Hace unos días escuché a Abelardo de la Espriella decir: «No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso». La frase me llamó la atención, no tanto por quién la pronunciaba, sino por lo que plantea.

En la vida pública existe una confusión peligrosa: creer que tratar a alguien con respeto significa aprobar sus actuaciones; que mantener las formas equivale a renunciar a los principios; que dialogar con quien discrepa supone transigir con aquello que consideramos inaceptable.

No es así.

La cortesía es una virtud. Permite que las instituciones funcionen, que las diferencias se expresen sin convertir cada desacuerdo en una guerra y que las personas puedan cumplir sus responsabilidades sin confundir la firmeza con la descortesía. Pero el respeto no significa sumisión, el diálogo no equivale a aprobación y los buenos modales jamás deben convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado.

El episodio que dio origen a esta reflexión ocurrió durante una visita del presidente colombiano a San Andrés. En un encuentro con la gobernadora del archipiélago, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, De la Espriella las cuestionó por la controversia en torno a la intervención del hospital departamental y por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Ambas funcionarias rechazaron los señalamientos. La representante, además, pidió que se investigaran las acusaciones. Y, el 21 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció indagaciones previas sobre posibles irregularidades en la contratación del hospital y sobre contratos relacionados con el esposo de la congresista.

Es importante establecer la diferencia: una indagación no equivale a una condena. Las denuncias deben investigarse, las pruebas deben examinarse y las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando sustituye la presunción de inocencia por el veredicto anticipado.

Pero también sería un error que el cuidado de las formas terminara convirtiéndose en una coartada para la inacción.

Un servidor público debe poder saludar con educación a quien cuestiona, escuchar a quien discrepa y cumplir con el protocolo institucional sin que nadie interprete ese comportamiento como una señal de debilidad o una promesa de impunidad. La firmeza no exige malos modales, del mismo modo que la cortesía no obliga a callar ante una posible irregularidad.

Lo que no puede hacer un funcionario es confundir la prudencia con el silencio, la lealtad con el encubrimiento ni la convivencia institucional con la obligación de proteger a los propios.

Ojalá hubiera más servidores públicos capaces de actuar con esa claridad: respetuosos en las formas, firmes en los principios y comprometidos con el interés general. Personas que comprendan que el poder no es una propiedad personal, que los recursos públicos no pertenecen a quienes los administran y que las instituciones existen para servir a los ciudadanos, no para servirse de ellos.

Y ojalá algún día podamos ver servidores públicos así en Venezuela y no la grosería que ha imperado en los representantes del gobierno al referirse a sus adversarios.

Necesitamos funcionarios que entiendan que el cargo no es un privilegio, sino una responsabilidad; que la obediencia no puede estar por encima de la conciencia y que ninguna amistad, alianza o conveniencia política debe pesar más que el bienestar de la población. Necesitamos instituciones en las que el respeto no sea una forma de sumisión y en las que exigir cuentas no se considere una ofensa.

Un hospital no es un botín político. Es un lugar al que acuden personas enfermas que necesitan atención, medicamentos, equipos y profesionales capaces de hacer su trabajo. Su funcionamiento debe estar por encima de las disputas partidistas y de los intereses particulares. Cada recurso destinado a la salud tiene un propósito y una obligación moral detrás: atender a quien lo necesita.

La verdadera autoridad no se demuestra humillando a los adversarios ni exhibiendo dureza ante las cámaras. Se demuestra haciendo cumplir las normas, protegiendo los recursos públicos y aceptando que el poder también debe someterse al escrutinio ciudadano. Y se demuestra, sobre todo, cuando quien gobierna está dispuesto a investigar a los suyos con el mismo rigor con que investigaría a sus adversarios.

Porque el Estado no es propiedad de quienes lo gobiernan. Es una institución al servicio de todos.

La cortesía es una virtud. La complicidad, cuando existe, es una falta. Y confundirlas puede salirle muy caro a una sociedad.

Los buenos modales nunca deben servir para encubrir las malas prácticas. Deben acompañar la firmeza con la que exigimos que se investiguen y, cuando se demuestren, se sancionen.

Porque la verdadera cortesía institucional no consiste en evitar incomodar al poder. Consiste en respetar las instituciones y a los ciudadanos a quienes estas deben servir. Para eso son servidores públicos.

@cjaimesb

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