San José, 6 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que requiere al Estado de Perú que se abstenga de liberar al expresidente Alberto Fujimori, esto con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
«Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori Fujimori», indica la resolución publicada este miércoles por la CorteIDH y con fecha del 5 de diciembre.
La resolución de medidas urgentes, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori «hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022».
En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba un indulto a Fujimori, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.
En esas sentencias la CorteIDH ordenó al Estado que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos.
La resolución publicada este miércoles por la CorteIDH se da luego de que los representantes de las víctimas presentaron un escrito el martes en el que alegaron que existe «una situación de extrema urgencia pues la máxima instancia jurisdiccional a nivel nacional ha adoptado una decisión en abierto desacato a lo ordenado por las Resoluciones de la Corte Interamericana del 2018 y el 2022».
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La CorteIDH detalló que los representantes de las víctimas denunciaron que la liberación de Fujimori «generaría un daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares» ya que «no hay recursos a nivel nacional para cuestionar la decisión» del Tribunal Constitucional.
Perú quedó en compás de espera de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su libertad inmediata en restitución del indulto recibido en 2017.
Los partidarios de Fujimori esperaban con gran entusiasmo la salida del exmandatario (1990-2000) en la puerta del penal de Barbadillo, mientras que los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el exgobernante fue sentenciado, protestaron por el fallo del TC en los exteriores del Palacio de Justicia.
La resolución del TC peruano, que fue firmada por 3 de sus actuales 6 miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
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