La Haya, 18 dic (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) le dio este viernes la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre este país y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.
El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de “buenos oficios” que se prolongó en 2016 y que “no condujo a la solución de la controversia”, dijo el juez Yusuf.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó en 2018 que el que el caso se resolviese en la CIJ, razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.
Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de hoy, pero Caracas argumentó a través de su Ministerio de Exteriores que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.
Sin embargo, el juez Yusuf dijo que en el Acuerdo de Ginebra consta que ambos países “confirieron al Secretario General de la ONU la autoridad para elegir, a través de una decisión vinculante, los métodos para la solución de su controversia”, y que entre los medios a su alcance estaba recurrir al tribunal con sede en La Haya.
Por otro lado, los jueces rechazaron de forma unánime que la CIJ tenga competencia para juzgar “reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después del acuerdo de Ginebra”, es decir, después de 1966.
Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados, pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.
La región del Esequibo, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supondría unas tres cuartas partes del territorio de Guyana.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
Actualmente, la petrolera tiene oficinas en Guyana y negocia las condiciones para la extracción de los recursos.
En los mapas venezolanos, la región aparece como una parte más del país bolivariano, aunque en ocasiones se muestra como territorio en reclamación.
El Gobierno de Nicolás Maduro emitió en 2015 un decreto presidencial con una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.