Miami (EE.UU.), 22 ago (EFE).- Grupos ecologistas e indígenas reconocieron este viernes que aún no termina la batalla para cerrar el centro de detención migatoria ‘Alligator Alcatraz’ pese a que una jueza ordenó desmantelarlo dentro de dos meses porque el caso podría llegar a la Corte Suprema ante las apelaciones del Gobierno de Florida.
«La orden significa que no puede haber nuevos detenidos en el sitio, ni nueva construcción. Dentro de 60 días tiene que cerrarse de forma ordenada. Así que esto es grande, pero no es una victoria final. Ya sabemos que habrá una apelación», declaró Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, que lidera la demanda.
Las organizaciones demandantes celebraron con cautela en una conferencia de prensa la decisión de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, quien el jueves fijó un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, abierto el 3 de julio al oeste de Miami, donde prohibió el ingresó de más migrantes.
El Gobierno de Florida anunció que apelará el fallo, que estuvo a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes afirmaron estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.
«Cuando se refiere a nuestras tierras, no hay concesiones, así que continuaremos luchando. Esto se apelará, imaginamos, estamos preparados para ir hasta la Corte Suprema», manifestó Curtis Osceola, consejero sénior del pueblo Miccosukee, que reclama las tierras donde se construyó el centro de detención.
Florida apela la decisión
En tanto, la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que apelará el fallo, además de advertir de que las deportaciones continuarán en el lugar, con una capacidad para 2.000 personas que esperaba crecer a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).
Los funcionarios floridanos han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), al citar que otro juez desestimó el martes parte de otra demanda de abogados migratorios sobre el acceso a la defensa y comunicación de los detenidos en ‘Alligator Alcatraz’.
«Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal», comentó Jeremy Redfern, director de Comunicaciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier, en sus redes sociales.
Pero la legisladora estatal Anna Eskamani, demócrata que representa a Orlando, consideró que el Gobierno floridano ya anticipaba el fallo, al señalar que el congresista federal Maxwell Frost contabilizó menos de 340 migrantes en el centro tras recorrerlo esta semana.
También señaló la premura con la que DeSantis anunció hace una semana la apertura de un nuevo centro de detención llamado ‘Deportation Depot’ (depósito de deportaciones), en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para más de 1.300 personas.
«Mi suposición es que el estado de Florida esperaba una derrota porque no hicieron su debida diligencia en cualquier tipo de estudio ambiental en la construcción de este lugar en los Everglades, así que intencionalmente han transferido a individuos a otros sitios», expuso Eskamani.
Defensa ambiental
Estos demandantes exigen el cierre completo e inmediato del lugar por dañar el Parque Nacional de los Everglades, donde hay 36 especies nativas de Florida en la lista federal de especímenes amenazados o en peligro, como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el cocodrilo y el caimán americanos.
Elise Bennett, directora en Florida y abogada sénior del Center For Biological Diversity, argumentó que es «claro para el público que hay muchas violaciones legales asociadas con el centro», como a la Ley Nacional de Política Ambiental, al Acta de Especies en Peligro, al Acta de Agua Limpia y otras sobre terrenos públicos.
‘Alligator Alcatraz’ es el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración ha subido un 49 % la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que asumió en enero, con 55.568 detenidos en la primera mitad de julio.
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