Caracas, 5 may (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes -en su primera discusión plenaria- un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a un total de 32, una norma que debe superar una segunda votación en la Cámara para que pueda ser sancionada.
Durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».
Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete magistrados en vez de cinco.
La reforma de ley llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.
Por su parte, el diputado opositor Tomás Guanipa protestó, en nombre del bloque parlamentario Libertad, al asegurar que recibieron el proyecto de ley a las 13:15 hora local de este martes, cuando la sesión estaba pautada para las 14:30 (18:30 GMT).
«No debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo qué debe ser la justicia en Venezuela (…). Este no es tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como lo es el sistema de justicia en Venezuela», manifestó Guanipa.
«Salvamos nuestro voto y de nuevo hacemos votos para que se dé una discusión sincera frente al país y (…) que la justicia impere para todos por igual», añadió el diputado opositor.
Al respecto, el presidente de la AN pidió «no caer en provocaciones» y subrayó que «cada quien tiene derecho a equivocarse como quiere».
«Como dice el refrán: adversario que se equivoca, quédate callado, deja que siga (…). No vamos a caer en las provocaciones del maniqueísmo», apostilló Rodríguez.
Por su parte, la ONG Provea manifestó -en X- que la reforma judicial debería ir acompañada de una «selección transparente, amplia y apegada a la Constitución, de los nuevos magistrados del TSJ».
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Además, Provea expresó su preocupación porque la reforma judicial «esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional» y que se «deje de lado» la participación de actores sociales como la academia, las ONG, la voz de las víctimas y la asesoría técnica de los organismos internacionales.
En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
