Caracas, 19 nov (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aspira que la justicia internacional actúe y disuada al Gobierno de Nicolás Maduro para que detenga «la persecución», algo que, aseguran expertos, ya están haciendo diversos organismos, como la Corte Penal Internacional (CPI), con la advertencia de que son procesos lentos.
La exdiputada venezolana hizo un llamado recientemente a la justicia internacional para que actúe, porque, a su juicio, es la «manera de disuadir a aquellos que hoy están siendo presionados por Maduro a continuar persiguiendo, torturando y asesinando venezolanos».
Machado, quien hizo recientemente este exhorto en el Foro América Libre, dijo que «Maduro siente hoy que puede cometer todo tipo de abusos y crímenes de lesa humanidad, y que la reacción de la comunidad será cero», pero -señaló- ha habido «importantes declaraciones e informaciones de organizaciones de derechos humanos» al respecto.
Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos, señaló a EFE que, desde hace varios años, las ONG, las presuntas víctimas, juristas especializados y organizaciones internacionales han venido activando mecanismos de justicia internacional para que atiendan crímenes de lesa humanidad si se prueba su comisión.
Señaló que hay dos mecanismos activados: la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la orden de captura a Maduro y otros funcionarios del Gobierno, emitida por Cámara Federal de Buenos Aires, Argentina, por el principio de la jurisdicción universal.
«Son procesos que van a tomar tiempo. En el caso de Argentina, se han abierto más de 100 investigaciones en virtud de la jurisdicción universal y ninguna ha llegado hasta el momento de la etapa de juicio», explicó el también representante de la ONG Provea en Europa.
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Una respuesta coordinada
Tras las presidenciales del 28 de julio -en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado tachado de fraudulento por la oposición mayoritaria-, la crisis política en Venezuela recrudeció, lo que activó las alarmas de diferentes organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, entre otros.
El abogado especialista en derecho internacional Simón Gómez explicó a EFE que la «severa crisis» de derechos humanos en el país dio lugar a una «respuesta coordinada» de los órganos de protección internacional y se han establecido -dijo- mecanismos especiales, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, cuyo mandato fue renovado en octubre pasado.
«Esta misión ha sido fundamental para el avance de la investigación que lleva a cabo el fiscal de la Corte Penal Internacional», indicó Gómez.
A su juicio, la coordinación entre los diversos mecanismos creados para monitorear la situación de derechos humanos ha dado como resultado que Venezuela se haya convertido en el primer país de la región en el que la CPI abre una investigación formal.
La documentación es «presión»
Por su parte, Ávila señaló que la permanente acción de documentación ya significa una «importante presión internacional» sobre el Gobierno de Maduro.
«Esos organismos internacionales deben continuar ese trabajo y el Estado venezolano entiende que ese trabajo, aunque impida el ingreso de la Misión de Determinación de Hechos, aunque haya expulsado a la Oficina del Alto Comisionado, ese trabajo de investigación se está construyendo en torno a esos responsables, una telaraña que en algún momento podrá llevar al establecimiento de responsabilidades», apostilló.
Explicó que la obligación de respetar los derechos humanos en el país corresponde al Estado y ante su «incumplimiento», se han activado las instancias internacionales.
«Estas instancias, efectivamente, han entrado a actuar y ejercen un poder de persuasión sobre el Estado venezolano, aunque las autoridades lo nieguen», dijo.
Entretanto, Simón Gómez reitera que los organismos internacionales han hecho su labor de monitorear y documentar la situación venezolana, al tiempo que indica que con la profundización de la crisis política hay una mayor exigencia sobre la actuación de la CPI para «imprimir mayor celeridad» y prioridad a la situación del país.
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