Bogotá, 4 ago (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 mandos de la antigua guerrilla de las FARC como máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, torturas y violencia sexual, entre otros delitos atroces cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Entre los 27 comparecientes imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerrilla con el alias de Timochenko y hoy es presidente del partido Comunes; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o El Médico, y Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.
Los otros veintitrés imputados son comandantes que tuvieron mando y control sobre los Bloques Oriental y Sur, los más poderosos de las antiguas FARC, así como «comandantes de células urbanas que ordenaron poner bombas y matar civiles inermes en las ciudades».
Según la JEP, «los comparecientes fueron hallados máximos responsables de crímenes como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, crímenes cometidos en medio de las tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual, entre otros hechos».
«Esta decisión es trascendental, es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los dos bloques más grandes de las antiguas FARC», dijo -en una rueda de prensa- en Bogotá el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
El magistrado añadió que esos dos bloques guerrilleros operaban en quince de los 32 departamentos de Colombia. «Es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia», dijo.
«Las víctimas son de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, precisamente por dinámicas de control social y territorial», agregó.
Lea también
Reinado de terror
La JEP trabaja en once macrocasos de violencia relacionados con el conflicto armado, y las imputaciones anunciadas hoy corresponden a los números diez y once, sobre Crímenes no amnistiables cometidos por las antiguas FARC y violencia basada en género, violencia sexual, reproductiva y otos basados en orientación sexual, respectivamente.
«En esta decisión que presentamos hoy, se recogen las voces de 2.436 víctimas acreditadas, sus observaciones y sus informes», señaló por su parte la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Se trata de víctimas olvidadas, entre ellos campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres, y también militares y policiales que durante años sufrieron la violencia de las FARC y acudieron a la JEP en busca de «verdad y justicia».
«Según relataron las víctimas, los campesinos vivieron a la merced de un gobierno guerrillero despótico que fue especialmente cruel cuando no dependía de la economía y el apoyo campesino para subsistir, pues tenían las armas y la financiación del narcotráfico», indicó ese tribunal.
La decisión de imputar a los 27 mandos de la FARC «también aborda hechos que marcaron la historia del país».
Entre ellos están el atentado con un carrobomba contra el Club El Nogal, en Bogotá, que el 7 de febrero de 2003 dejó 36 muertos y más de doscientos heridos; el asesinato a tiros del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, y de su escolta José Huertas, el 2 de noviembre de 1995; y el ataque con cohetes contra el palacio presidencial del 7 de agosto de 2002, día de la investidura de Álvaro Uribe, que dejó 23 muertos y 63 heridos en una calle cercana.
Igualmente, el fallo recoge numerosos casos de ataques y emboscadas a militares y policías, como las sangrientas tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores, ambas en 1998; «y masacres que sembraron terror», como la de nueve concejales en Rivera (Huila), en 2006, o de cinco legisladores locales de Puerto Rico (Caquetá), en 2005.
La JEP también encontró que «miembros de las FARC usaron la violencia sexual como castigo contra mujeres campesinas que, a juicio de la guerrilla, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad».
«También se documentó un hecho especialmente grave en la toma de Puerto Rico (Meta), en 1999, cuando un grupo de guerrilleros agredieron sexualmente a diez mujeres, incluida una niña de trece años», agregó la JEP.
Según este tribunal creado tras el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las FARC, «los relatos de las víctimas describen la crueldad del gobierno de la guerrilla en territorios sin Estado».
