Bogotá, 5 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves por crímenes de guerra a siete ex mandos medios de un bloque de las extintas FARC a los que considera responsables por toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
«Con base en 314 hechos documentados, (La JEP) los halló responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos», explicó en una rueda de prensa en Medellín la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre, que lidera este caso.
Se trata de una imputación más -la tercera regional de siete que se harán- en el Caso 01 de la JEP, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC, y por el que ya han sido imputada la última comandancia de la extinta guerrilla, incluido su exjefe Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochencko’.
Los imputados son Luis Óscar Úsuga, alias ‘Isaías Trujillo’, excomandante del Frente 34; Jesús Mario Arenas, alias ‘Marcos Urbano’, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas; Rodolfo Ruiz, alias ‘Víctor Tirado’, excomandante del Frente 57.
Y Martín Cruz, alias ‘Rubín Morro’, excomandante del Frente Aurelio Rodríguez; Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Anderson’, excomandante del Frente 36; Pedro Baracutao, excomandante del Frente 34; y Jhoverman Sánchez, alias ‘Rubén Cano’, excomandante del Frente 58.
En este caso, los siete exguerrilleros eran miembros del Bloque Noroccidental (BNOCC), que llegó a tener más de 3.000 combatientes y se convirtió en la segunda estructura guerrillera que más secuestros perpetró en el país (cerca de un cuarto del total de los secuestros que se cometieron en todo el país).
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«Este bloque fue el responsable de más de 300 secuestros, entre ellos, los del excongresista Óscar Tulio Lizcano, y el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverri», apuntó la JEP.
Para la imputación, durante las audiencias previas, esta jurisdicción creada tras el acuerdo de paz para juzgar crímenes de lesa humanidad escuchó 40 comparecientes y recibió la versión de más de 200 víctimas.
La JEP analizó que en los secuestros de esta estructura se siguieron tres patrones criminales: financiar la estructura; forzar el intercambio de guerrilleros presos y controlar los territorios que controlaban.
Más de 4.000 víctimas están acreditadas en el Caso 01, sobre los secuestros cometidas por las extintas FARC.
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