Bogotá, 9 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como «genocidio» la campaña de exterminio del partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), perpetrada principalmente en las décadas del 80 y 90, e imputó por ese crimen a cinco altos mandos retirados del Ejército.
Según la JEP, «el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano», y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal agregó que «este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual».
Por esos delitos, que hicieron parte de «una política contrainsurgente» del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores a cinco oficiales retirados.
Se trata del mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
Experimento fallido de paz
La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio por el que en marzo de 2020 la JEP la acreditó como víctima de crímenes de agentes del Estado en uno de los once macrocasos abiertos por ese tribunal.
Para llegar a la conclusión de que hubo genocidio contra la UP, la JEP examinó 34 informes -incluyendo los de entidades estatales como la Fiscalía, Procuraduría y Centro Nacional de Memoria Histórica-, 29 informes de organizaciones de víctimas, y además hizo 139 diligencias de toma de testimonios.
«Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales», agregó la JEP.
Ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, señaló que «la violencia contra la UP fue continuada en el tiempo» y puso como ejemplo que, «entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido».
«La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país», indicó la JEP, que subrayó que «el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral».
Por el «plan de exterminio» de la UP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en enero de 2023 al Estado colombiano y le ordenó hacer un acto público de perdón que el presidente Gustavo Petro encabezó el pasado 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.
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