El abogado constitucionalista Rafael Veloz García, exdiputado de la AN-2015, rechazó formalmente la «Gran Consulta Nacional sobre Reforma de la Justicia Penal» iniciada por el régimen venezolano, tras calificarla como una «operación de simulación institucional» en el marco de la actual etapa de pretransición que vive el país.
Veloz García, quien recientemente fue electo primer vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados -UIBA-, fijó posición en representación del Programa de Organización Ciudadana (POC) y la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV). El jurista advirtió que quienes destruyeron el sistema de justicia durante casi tres décadas no cuentan con la legitimidad para reformarlo.
«Una reforma judicial conducida por quienes construyeron la injusticia no es una reforma: es la continuación del mismo proyecto con vocabulario nuevo», aseveró Veloz García. El dirigente recordó que el país ocupa el último lugar en los índices internacionales de Estado de Derecho y criticó que la consulta sea liderada por un Fiscal General designado sin concurso público.
Captura política del TSJ
En sus declaraciones destaca que la consulta gubernamental coincide con un proceso de reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual contempla ampliar el número de magistrados de 20 a 32. Según Veloz García, esta acción busca consolidar la captura política del máximo tribunal, lo que convierte a la consulta penal en una «cortina de humo» que afecta la credibilidad internacional del país y ahuyenta a los inversores.
Asimismo, precisó que una reforma estructural legítima debe resolver problemas de fondo omitidos en el debate oficial, tales como la convocatoria a concursos públicos de oposición. “En la actualidad, el 85% de los jueces en Venezuela son provisionales y pueden ser removidos arbitrariamente por la Comisión Judicial del TSJ”.
Propuesta de justicia transicional
Frente a la crisis institucional, el constitucionalista anunció que presentará una propuesta detallada para implementar de forma inmediata jueces y tribunales de transición. Este mecanismo contaría con el respaldo de universidades autónomas, colegios de abogados y organismos internacionales de justicia.
«Nos encontramos en una etapa donde los poderes públicos deben ser elegidos por procesos democráticos. Es necesario designar jueces de la transición que operen con estándares internacionales mientras se reconstruyen las condiciones para aplicar la Constitución», explicó.
Finalmente, el POC y CONFEPUV —organizaciones que agrupan a más de 25 movimientos sociales— condicionaron su participación en cualquier diálogo a tres exigencias básicas: conducción independiente del proceso, resultados vinculantes auditados externamente y la liberación plena y sin condiciones de los 454 presos políticos que están en las diferentes cárceles y mazmorras que tiene habilitadas el régimen en el país.
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