Oriol Junqueras, número uno de la lista de ERC para las elecciones catalanas del 21-D, no podrá hacer campaña fuera de la cárcel. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido que Junqueras (exvicepresidente de la Generalitat), Joaquim Forn (exconsejero de Interior) y los presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) seguirán en prisión incondicional.
El juez ha dictado auto de libertad de los exconsellers catalanes Carles Mundó, Raul Romeva, Jordi Turul, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás después de constatar que los seis habían depositado en la cuenta del tribunal la fianza de 100.000 euros que les impuso para eludir la cárcel. Dos funcionarios se han dirigido a las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco, sobre las dos de la tarde, con los mandamientos de libertad y para comunicarles las medidas cautelares que a partir de ahora deben cumplir: comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o juzgado o tribunal de su conveniencia, comparecer ante el Supremo siempre que sean llamados, prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte, que deberán entregar antes de las 14 horas del martes. El fiador de las seis fianzas ha sido Marcel Padrós, que es tesorero de ANC.
En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para mantener la medida de prisión, que en este caso se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. El magistrado descarta el riesgo de fuga, en contra del criterio de la Fiscalía. El juez cree que el papel en el supuesto delito de rebelión de los cuatro líderes independentistas a los que mantiene en prisión es similar al de Carme Forcadell, por lo que no hay que apreciar en ellos más riesgo de fuga del que se vio en la presidenta de la Cámara. Además, los cuatro cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.
Sin embargo, Llarena sí ve en ellos mayor riesgo de reiteración delictiva. El magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament a los que dejó en libertad el 9 de noviembre, «cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado», y la actuación de los ocho exconsejeros y los presidentes de ANC y Òmnium, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva y advierte de los daños que pueden ocasionar la reiteración de sus aportaciones. Llarena ve riesgo de reiteración delictiva en todos los miembros cesados del Govern y en los presidentes de ANC y Òmnium pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque considera que los líderes independentistas ya contaban con la posibilidad de que el Estado interviniera la Generalitat y habían concluido que, en esa coyuntura, «debían perseverar en su determinación».
Respecto a los seis exconsejeros a los que permite eludir la cárcel, Llarena admite que creerse el compromiso que todos hicieron el viernes de no volver a delinquir implica «asumir un confiado pronóstico». Pese a ello, el instructor resalta la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano y acepta concedérsela porque tiene la certeza de que, si vuelven a delinquir, el comportamiento «podría corregirse completa e inmediatamente» con solo adoptar la decisión de mandarlos de nuevo a prisión.
Pero el juez cree que en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart las consecuencias de que reincidan en sus delitos pueden ser más graves. El magistrado afirma que las aportaciones de estos cuatro al procès «están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona. En estos hechos el juez implica directamente a los cuatro a los que ordena mantener en prisión: a Sànchez y Cuixart porque sus asociaciones impulsaron las movilizaciones «sabiendo» que, aunque la mayor parte de los ciudadanos estaban comprometidos con evitar situaciones violentas, «se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos». Respecto a Junqueras y Forn, el magistrado destaca que el primero «acudió» a estos «hechos violentos» ante la sede de su Consejería y que el segundo era el responsable de los Mossos, que «favorecieron o no desplegaron ninguna actuación que pudiera poner término» a lo que estaba sucediendo.
El magistrado alude en su auto también a otras movilizaciones sociales, como la que impidió el registro en la empresa Unipost, los cortes en vías de trenes, los «asedios» a hoteles donde se alojaba la Policía o las que cortaron carreteras o constituyeron «murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación» del 1 de octubre, «haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo».
En el caso de Junqueras, Cuixart y Sànchez, el juez tiene en cuenta además que los tres forman parte del llamado comité estratégico que define el documento Enfocats, intervenido por la Guardia Civil durante los registros y considerado por la investigación como el que marca el camino para la desconexión forzosa. El magistrado considera que los miembros de este comité estratégico “han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos” que describió Llarena en el auto en el que explicó la acumulación de todas las causas por rebelión en el proceso independentista. Esta violencia y tumultos, recuerda Llarena, “son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan”.
“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”. En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.
El peligro, según el juez, no desaparece con la afirmación, mantenida por los cuatro en sus comparecencias del viernes, de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. «Solo entonces se justificará rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada contra estos inculpados» por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, afirma el instructor del Supremo.
Los abogados de los investigados pueden recurrir el auto de Llarena ante la Sala de lo Penal del Supremo, algo que las defensas de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart ya han anunciado que harán.
Los exconsellers encarcelados y los presidentes de ANC y Òmnium declararon el viernes ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, después de que este agrupase las causas por rebelión, sedición y malversación que instruía la Audiencia Nacional. Los imputados repitieron ante el juez los argumentos que ya defendieron en los escritos presentados unos días antes en el Supremo y la Fiscalía mantuvo su petición de retener a los 10 acusados en prisión incondicional a la espera de juicio.
Los 10 apostaron por perseguir la independencia desde el “diálogo” y sin recurrir ni alentar a la violencia. Romeva, a preguntas de su abogado, abogó por un referéndum pactado con el Estado, mientras que Forn y Borràs fueron más explícitos a la hora de renunciar a la independencia unilateral, según las fuentes consultadas. El exvicepresidente Junqueras y Romeva, ambos de ERC, se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real el 16 de octubre. A los líderes de la sociedad civil independentista se les imputa un delito de sedición por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operación Anubis. Los exmiembros del Govern que no están en Bruselas duermen en la cárcel (las mujeres, en Alcalá Meco y los hombres en Estremera) desde el 2 de noviembre.
Puedes leer aquí el auto completo con la decisión del juez Llarena:
