No es la primera vez que al mandatario venezolano se le intente destituir del cargo con iniciativas impulsadas desde la Asamblea Nacional. Primero fue un proceso de responsabilidad política. Luego, el abandono del cargo. Y ahora, que siga un procedimiento penal. Son muchas las dudas que se tiñen sobre la efectividad del enjuiciamiento contra Nicolás Maduro por parte del llamado TSJ en el exilio
Recientemente, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó gracias a la mayoría opositora el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, una decisión que puede tener más carácter simbólico que efectivo, pero que evidencia los dos mundos institucionales paralelos del país.
Legítimos en el exilio
La oposición asegura que la Fiscal General y el Tribunal Supremo de Justicia legítimos están en el exilio, y que el verdadero Poder Legislativo es la Asamblea Nacional, elegida con una amplia mayoría contraria al chavismo en diciembre de 2015.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ya hace meses en desacato al Parlamento y el oficialismo instaló como cuerpo plenipotenciario en agosto de 2017 una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya primera decisión fue destituir a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, quien fue sustituida por el ex gobernador chavista de Anzoátegui, Tarek William Saab.
La pregunta
La pugna política de un país que atraviesa una severa crisis económica y que el 20 de mayo votará en las presidenciales con la ausencia de gran parte de la oposición quedó así de nuevo patente la semana pasada. Pero, ¿qué supone exactamente el procedimiento legal aprobado por la Asamblea Nacional con 105 votos a favor y dos en contra?
Odebrecht en Venezuela
El Parlamento sólo ha dado luz verde para que siga un proceso penal que inició la destituida Fiscal General, Luisa Ortega. Varios países consideran que aún ostenta el cargo legítimamente, pese a encontrarse fuera del país, donde se le acusa de corrupción tras desvincularse del oficialismo.
Ortega presentó ante el llamado TSJ en el exilio unas presuntas pruebas de una investigación que involucra a Nicolás Maduro en los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 100 millones de dólares en sobornos a dirigentes en Venezuela para adjudicación de obras, hoy en día la mayoría de estas, inconclusas.
Un escándalo continental
El escándalo, que alcanza una decena de países en América Latina, ha tenido ya consecuencias políticas en Perú, Brasil y Ecuador. En Perú provocó la renuncia de su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y en Brasil el encarcelamiento del ex mandatario Luis Ignacio Lula Da Silva. Pero de momento en Venezuela no ha generado mayores consecuencias institucionales.
Desde Colombia
El llamado TSJ en el exilio lo forman magistrados que fueron nombrados por el Parlamento para sustituir a los que designó el chavismo antes de perder la mayoría en el Legislativo tras las elecciones de diciembre de 2015.
Los magistrados electos por la AN tuvieron que salir del país para evitar ir a la cárcel y se reúnen habitualmente en Estados Unidos. Tras examinar las pruebas presentadas por Ortega en sesiones realizadas en la sede del Congreso colombiano, pidieron al Parlamento venezolano que aprobara seguir con el proceso contra el presidente Maduro, tal y como dicta la Constitución. Y los diputados opositores dieron el martes pasado el visto bueno. La destituida Ortega, que se considera la Fiscal legítima, celebró la decisión.
¿Maduro “ya no es Presidente”?
“Nicolás Maduro ya no es presidente, desde hoy está en (el palacio de) Miraflores de manera ilegal y arbitraria”, expresó en un video Ortega, que pidió a las Fuerzas Armadas la captura del Presidente.
Su sustituto como fiscal general, Tarek William Saab, calificó el proceso como un “show” y “acto bufo e inmoral”. El proceso “no solo es que carece de legitimidad: es que no existe”, expresó en twitter.
¿Falsas esperanzas?
Ni la apertura de un juicio político ni la declaración de abandono del cargo de Nicolás Maduro adoptadas por el Parlamento en el pasado tuvieron de momento consecuencias jurídicas para el Presidente.
Maduro contra todo pronóstico, puede ser reelecto en los comicios del 20 de mayo que gran parte de la oposición considera que no son libres ni justos, por lo que llama a no participar en ellos. “No pretendemos levantar falsas esperanzas. Votar hoy (para aprobar el juicio) no significa que Maduro se irá mañana, pero este es un paso de lucha para consolidar el destino del país”, reconoció en la sesión de la Asamblea Nacional el diputado opositor José Luis Pirela.
HECHOS RELEVANTES, según el encuestador Jesús Seguías:
- La presencia de dos diputados del Gobierno en la sesión de la AN para aprobar el juicio contra Nicolás Maduro (aunque ellos hayan votado en contra), pero con su presencia reconocen la legitimidad de la AN, y la extraña ausencia de saboteos y agresiones oficialistas a diputados opositores para impedir la realización de la sesión.
- El retorno de la unidad opositora, lo cual facilita el despliegue de futuras acciones conjuntas y la posible clausura de un ciclo de confrontaciones suicidas.
- El voto favorable al enjuiciamiento de Maduro por parte de los diputados que apoyan a Henri Falcón, quedando claro entonces que Falcón difícilmente puede ser un agente de Maduro.
Consecuencias para el “hijo de Chávez” a nivel internacional
De llegar – Nicolás Maduro – a ser sentenciado como culpable por el TSJ en el exilio, por su presunta vinculación en casos de corrupción, el procedimiento puede no ser fructífero en Venezuela. Algunos analistas piensan que no hay instituciones capaces de ejecutar esa decisión. “Si designan al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) o cualquier fuerza policial del país que lo meta preso – a Maduro – es una decisión inejecutable, un ‘saludo a la bandera’ pues”, dicen algunos abogados.
La decisión de los magistrados del TSJ designados por la Asamblea Nacional de declarar que existen méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro y ordenaron entre otras cosas su “prisión preventiva“, así como solicitar código rojo a la Interpol para su posible captura, solo tendría repercusiones ante la comunidad internacional.
El internacionalista y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Luna, destacó que en el plano interno es una decisión que no tiene aplicación porque existe un TSJ reconocido por el resto de los poderes públicos, el cual preside Maikel Moreno.
Sin embargo añade que los países en el concierto internacional han emitido sanciones en contra de la cabeza del Poder Judicial y contra el mismo Nicolás Maduro, por lo que esa decisión de llevar a juicio al mandatario nacional, tendrá consecuencias para apoyarse en próximas sanciones contra el Gobierno venezolano que pudieran ser mayores y esa medida sería un asiento legal para justificarlas.
“Puede generar reacción a nivel internacional ante el endurecimiento que se pudiera tomar en los próximos días por parte de los países de no reconocer la elección del 20 de mayo y podrían tomarlas para no seguir reconociendo a Nicolás Maduro“, expresó Luna.
Además, permitiría que los países que quieran colaborar para aportar pruebas de esos posibles delitos de los que acusan a Maduro (corrupción y legitimación de capitales), aparte de continuar condenando la falta de democracia en Venezuela y aislar más al país con nuevas sanciones, a lo que se debe sumar el desconocimiento de los resultados de los comicios del próximo 20 de mayo, como ya ha lo dicho un número importante de gobiernos en Latinoamérica, Europa y el de Estados Unidos.
¿Presidente en el exilio?
Consultado sobre un posible gobierno en el exilio, Luna dijo que sería una especulación hablar de eso, pero pasa por esperar se den las elecciones, ya que dentro de la oposición una gran parte no acepta el proceso, mientras que otra -liderada por Henri Falcón– tendría que ser reconocida en el plano exterior, y sería en cierta manera -al participar en las elecciones- una de las figuras para una posibilidad de esa naturaleza.
“Si designan al Cicpc o cualquier fuerza policial del país que lo meta preso a Nicolás Maduro, esa sería una decisión inejecutable”