SAN CRISTÓBAL. El abogado Joselito Molina Rodríguez, acudió a Diario de Los Andes, con el objeto de dar a conocer la situación que están sufriendo muchas personas que han salido a manifestar por las condiciones sociales que vive Venezuela, siendo además objeto de agresiones y psico terror por grupos que operan al margen de la Ley.
Puso como ejemplo el caso vivido por dos jóvenes estudiantes universitarios, que debieron huir del país, debido a las amenazas sufridas. El objetivo es documentar este y otros casos y que puedan ser tratados por entes dedicados activamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, como CEPAZ y FORO PENAL, entre otras.
“Quiero alertar la situación que han venido sufriendo los ciudadanos Pedro Pablo Alcedo Andrade y Oriana Ovalles Terán, oriundos de San Cristóbal, quienes a raíz de ejercer el derecho consagrado en el artículo 68 Constitucional a manifestarse, participaron activamente en las protestas públicas que se generaron hasta mediados del año pasado en esta ciudad de San Cristóbal, fueron objeto de agresiones por parte de un grupo colectivo, quienes se desplazaban en motos por la ciudad con imágenes de varios personas a quienes estaban buscando entre ellos a jóvenes estudiantes de diferentes casa de estudio de esta ciudad”.
Cuenta Molina Rodríguez, que el primer incidente le ocurrió a Oriana Ovalles Terán en la avenida Principal de Pirineos Residencias el Tamá, el día miércoles 12 de abril de 2017, cuando irrumpieron en su hogar tres hombres con armas de fuego amenazándola verbalmente y obligándola a dejar de participar en actividades alusivas a la oposición política del país. “Ella fue despojada de sus pertenencias personales como su teléfono móvil, computadora e indumentarias que tenía en su casa como pancartas, gorras y franelas alusivas a las actividades de protesta contra el gobierno”. Afirmó el profesional del derecho.
Narra igualmente la persecución a la que es sometido el joven Alcedo Andrade, hecho ocurrido el sábado 12 de agosto cerca de Asogata y la UNET, quien pudo reconocer a personas del mismo grupo que lo habían agredido antes. “Esta vez lo identifican por su nombre, le despojan de sus pertenencias, le quitan todos sus documentos y le agreden en su integridad física causándole lesiones; luego de estos incidentes les hicieron llamadas a su casa, lo amenazan de que será procesados por terroristas”.
Afirma, su abogador, que no existe actualmente ninguna investigación que se esté realizando en contra de ellos, pero si el riesgo de que pudieran ser objeto de extorsión y/o de prácticas de grupos que actúan al margen de la Ley que operan a nivel policial y político.
Se fueron del país
Es por esta razón que ambos estudiantes como muchos otros a quienes les ocurrió lo mismo se encuentran fuera del país en resguardo de su integridad física. Lo más grave del asunto, son las amenazas que ha recibido, de que serían procesados en tribunales militares.
“De eso ya existe el temor por experiencias de otros casos de civiles procesados en tribunales militares, como ocurrió con el caso de los detenidos en el Municipio Uribante donde les obligaron a revocar su defensores privados para que les nombraran defensores militares y quedaron estos a merced de un proceso alejado de las más elementales garantías constitucionales”.
Dice el profesional del derecho que hace del conocimiento de la opinión pública esta situación por cuanto es posible que lo mismo esté ocurriendo con otras personas, de manera que se pudiera hacer una causa común para la debida documentación de los casos a través de las organizaciones que trabajan activamente en defensa y promoción de los Derechos Humanos, como CEPAZ y FORO PENAL entre otras.
Para finalizar, manifestó que el tema de lucha por reivindicación de los derechos sigue vigente en la agenda de la sociedad venezolana, La participación ciudadana y los procesos electorales; la crisis humanitaria en alimentación y salud; Estado de derecho, institucionalidad democrática y justicia; Cultura de paz y dialogo ciudadano; Libertad de expresión y manifestaciones públicas.
Por tal motivo, el abogado Joselito Molina Rodríguez, V-10.145.493, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 115.760, matriculado en Colegio de Abogados Táchira con el N° 916, considerada que si existen otros casos y se requiera la necesidad de ser documentados, pueden hacerlo a través del correo: jsltmolina@gmail.com