Por Wincarlys Ramos /Crónica Uno
Caracas. María Cecilia Ibáñez, abogada de la ONG Women’s Link Worldwide, expuso que las jornadas de esterilización para mujeres, hechas por el Plan Quirúrgico Nacional, son una medida de discriminación basada en género que refuerza los estereotipos.
Durante la presentación del informe Sombra sobre Venezuela –de organizaciones feministas–, ante el comité que supervisa la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), Ibáñez mencionó que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres vienen en deterioro, incluso mucho antes de las sanciones financieras contra Venezuela.
Este martes, 16 de mayo, en un evento paralelo, activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres denunciaron las vulneraciones de los derechos de las mujeres en distintas áreas: participación política, comunicación, salud, educación, movilidad humana y violaciones de los derechos de mujeres indígenas. La actividad se efectuó un día después de la sesión 85 de la Cedaw.
Ibáñez añadió que la escasez de métodos anticonceptivos y la dificultad para acceder a ellos ha generado que las mujeres, sobre todo de bajos recursos, recurran a prácticas irreversibles, como la esterilización.
De acuerdo con Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), desde el Plan Quirúrgico Nacional se ofrecen las esterilizaciones como “opción ante la escasez”; una alternativa radical para no tener bebés que dan de manera gratuita.
Desconocen los procedimientos e implicaciones
La experta alegó que las mujeres de pocos recursos, ante la preocupación por no tener más hijos en un contexto de crisis económica, o por finanzas personales, optan por realizarse la esterilización.
Sin embargo, León comentó que existen mujeres que desconocen los procedimientos y las implicaciones de las esterilizaciones, porque no hay un “consentimiento informado”.
Entre las irregularidades destacó que no existe un registro o seguimiento de las mujeres que se realizan la esterilización. En 2022, una mujer falleció tras realizarse esta práctica en un Centro Diagnóstico Integral (CDI) en Los Flores de Catia. Y otra quedó en cuidados intensivos por una mala praxis, reseñó Noticias Todos Ahora.
León dijo que no todas las mujeres pueden usar los mismos métodos anticonceptivos ya que deben tomarse en cuenta distintas características como el estilo de vida, el cuerpo, edad, entre otros. Y resaltó que no hay ofertas para esterilización de hombres, lo cual es “discriminatorio”.
Agregó que desde 2016 se evidenció una escasez de métodos anticonceptivos tanto a nivel hospitalario como en las farmacias. No obstante, dijo que en 2018 comenzó un abastecimiento en farmacias pero con costos dolarizados. “Y no pueden ser adquiridos por buena parte de la población que necesitan que estos sean entregados gratuitamente”.
Bajo uso de anticonceptivos
Según León, la tasa de uso de métodos anticonceptivos es muy baja en el país. Una encuesta realizada por Avesa en los estados Apure, Sucre y Táchira –a finales de 2022– reveló que solo tres de cada 10 mujeres usan anticonceptivos.
Resaltó que las principales causas que inciden en esta problemática son la imposibilidad de comprar estos recursos, lo cual trae como consecuencia embarazos no deseados y embarazos en adolescentes y niñas. Esto se conjuga con la violencia sexual o el “sexo transaccional por supervivencia”.
León resaltó que no existe una política pública por parte del Estado para abordar este problema.
“Es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. El Estado está obligado a garantizar estos derechos, el derecho a la educación integral a la sexualidad, el dar métodos anticonceptivos modernos y brindar servicios de planificación familiar”.
Vigilancia y derechos
El Cedaw es la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación en contra de las Mujeres. La iniciativa surgió de un tratado internacional al cual está suscrito el Estado venezolano. El comité encargado evalúa si los países adheridos cumplen con los estándares internacionales en la garantía de los derechos de la mujer.
El comité recibe el informe del Estado y permite que las ONG presenten informes paralelos, o informes sombra y, posteriormente, los examinan y hacen una conclusiones y recomendaciones.