“El ejercicio del derecho es toda una actividad de riesgo. Ya hacer actividades de tipo jurídico comporta la cercanía con hacer actividad delictual, de acuerdo a estos personeros, estamos en un estado de sospecha generalizada”, relató el abogado Jesús Alberto Berro Velázquez este miércoles, luego de ser dado de alto de la clínica donde permanecía interno, tras casi una semana de prisión.
Berro es el noveno abogado criminalizado por su ejercicio profesional en Táchira y prepara una querella contra el ex fiscal Carlos Morales (destituido) , a quien acusa de instrumentalizar de manera “zagas y vil todas estas operaciones, hasta el momento inconfesables, conjunto con Mario Alcedo y su esposa Sandra Elizabeth Ortiz de Alcedo”.
El abogado prepara una querella con características penales por privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, simulación de hecho punible, acto calumnioso, valimento, difamación e injuria cpntra Mario Alcedo, su esposa y el ex fiscal Carlos Morales.
Hizo saber Berro, que Mario Alcedo (la contraparte de su cliente) alardea tener “afinidad con el protector del Táchira, el jefe del FAES e incluso señala ser coronel retirado de la promoción de Padrino López… desde el momento en que fue emplazado en el CICPC cuando fue citado, cuando fue realizada la denuncia por parte de mi cliente, así lo dijo. A eso se dedica a alardear de este funcionariado con la finalidad, no sé, si de protegerse”, sostuvo.
El caso
Haciendo un relato de la situación que lo llevó a prisión dijo Jesús Berro que recibió a sus clientes Jessica Zambrano y Luis Zulbarán, cumpliendo con el ejercicio libre de su profesión. Sus clientes le plantearon que por ser empresarios habían entrado en relación con Mario Antonio Alcedo Sánchez y su esposa Sandra Elizabeth Ortiz de Alcedo a quienes le entregaron unos insumos a crédito por un monto de casi 300 millones de bolívares, pero no cumplieron con su obligación de pago y por eso recurrieron al servicio profesional del abogado.
“Mario Alcedo (el victimario) se dirigió al CONAS y los denunció como secuestradores, los comerciantes fueron trasladados al organismo y el CONAS estableció que no se trataba de una situación de esa naturaleza. Acuden a mí y les oriento que la situación es perfectamente denunciable, se activa el sistema y se denuncia por actuación indebida calificada, simulación de hecho punible, acto calumnioso y agavillamiento. La situación pasa a Fiscalía y el CICPC actúa”.
Sostiene Berro, que el caso se tradujo a un acuerdo reparatorio en un tribunal, que para las víctimas se traduce anticipadamente en reparación y para los victimarios el cesa del ejercicio de la acción penal. “Cuando me hacen saber que ya se iba a cumplir el acuerdo reparatorio, el lunes 2 de febrero y estando en mi bufete entra el FAES y nos detiene junto a mi yerna y mis dos hijos que estaban en el lugar”.
La comisión policial le hizo saber que cumplían órdenes del fiscal 33 del Ministerio Público con sede en San Antonio del Táchira, “en ningún momento el abogado habilitó a este organismo policial para que realizará la maniobra…, según nos lo dieron a conocer y obtengo la libertad plena porque el tribunal desestimó las acusaciones”.
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