El Defensor del Pueblo resaltó que la Ley de Precios Justos contempla 11 tipos de delitos tipificados con la que se establecen responsabilidades administrativas y penales a quienes incurran en irregularidades, “para un funcionario público la sanción es aumentada”
Jesús Azuaje, Defensor del Pueblo en Trujillo, expresó que desde la institución que preside trabajan en la implementación del Decreto 2503 impulsado por la Gobernación de Trujillo, junto al Zodi, GNB, Dirección de Seguridad Ciudadana, Sundde, contraloría sanitaria, alcaldías y legisladores del Consejo Legislativo del estado Trujillo.
“Estamos tomando los mercados del estado como primera fase, que es donde hay mayor afluencia de usuarios y se distribuyen mayor cantidad de bienes y servicios”, informó el funcionario, quien además acotó que la aplicación de las jornadas de fiscalización las van a realizar de forma progresiva en todos los municipios con el apoyo del poder popular.
Indicó que la Ley de Precios Justos contempla 11 tipos de delitos tipificados con los que se establecen responsabilidades administrativas y penales determinadas por el Poder Judicial para los comerciantes que incurran en hechos irregulares.
- Si detrás de las irregularidades se encuentran militares que manejan canales de distribución de alimentos del Estado, como han denunciado los ciudadanos ¿Cuál va a ser el accionar de la Defensoría del Pueblo?
“De igual manera se tramita con la agravante de que ellos son funcionarios públicos que están cometiendo un delito en el ejercicio de sus funciones. Si para un particular la sanción es de 10 años, para un funcionario la sanción es aumentada”.
- ¿Cómo van a garantizar que los comerciantes que fiscalizan no incurran nuevamente en especulación y dualidad de precios una vez que ustedes se retiran de los espacios supervisados?
“A nivel regional se estableció una sala de control de mando, que por supuesto tiene sus canales para que los ciudadanos puedan hacer contacto y eleven sus denuncias; además de las salas territoriales conformadas por dos municipios cercanos para mantener el control. El Decreto no establece tiempo, vamos a fiscalizar el tiempo que sea necesario para regular las transacciones comerciales y poder garantizar los derechos económicos del pueblo”.